La pregunta que se formula el ciudadano como usuario de la justicia, el litigante, es si el país ha experimentado cambios sustanciales con las instituciones creadas en el 91, por cuanto poco o nada se ha avanzado para hacer de la misma una herramienta eficaz para el desarrollo social y garantía de los derechos individuales como colectivos.
El estado como ente jurídico y los que integramos el concepto de nación, anhelamos tener paz y para ello debemos ser conscientes que esta tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA.
Pero no puede considerarse como verdadera justicia, el esperar 6, 7 o más años un fallo judicial, muchas veces distante de la pretensión invocada, o lo más deprimente sentencias inhibitorias proscritas por la ley, donde el juez da respuestas muertas a preguntas vivas, incurriéndose en errores jurisdiccionales como fuente de denegación de justicia, sin considerar las políticas de descongestión, intención loable con altos costos presupuestales, pero sus efectos han sido negativos, generando odiosos favorecimientos.
Un hecho cierto, la lentitud en los trámites procesales impide impartir una eficiente justicia, violentándose el debido proceso con el incumplimiento de los términos legales, de obligatoria observancia elevados a rango constitucional.
Si a lo anterior se le agrega la tardanza en las etapas de la convocatoria pública para acceder a la rama judicial con duración de años para la promulgación de la lista de elegibles, nos indica que estamos en presencia de unos dispendiosos procesos para renovar los cargos de esta rama del poder público.
Frente a lo expuesto, se debe concluir, que el actual sistema no genera confiabilidad frente a la sociedad y es el reto de cualquier reforma a la justicia que se intente, que debe abarcar unas claras políticas de racionalización de la oferta judicial, reducir al máximo la congestión, frenar el descontrolado crecimiento de procesos a través de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cumplimiento de los términos procesales, así como unos procedimientos más expeditos, eliminándose el excesivo formalismo en que se incurre por parte del funcionario judicial.
ADENDA UNO. Relacionando lo expuesto con el área penal, nos hace evocar al libre pensador Antonio José Restrepo, (ÑITO), intelectual del siglo pasado, forjador del pensamiento político colombiano, cuando al referirse a la justicia colombiana por la década del treinta acuñó la famosa frase: “el código penal es un perro bravo que no muerde sino a los del ruana,“ frase que se iría reduciendo en su contenido hasta, “ la justicia es para los de ruana,“ y que hoy se revive por quienes descreemos que no puede haber verdadera justicia en una sociedad signada por la exclusión, en ocasiones al servicio de las grandes élites como a los poderosos conglomerados económicos, sociales y políticos.
ADENDA DOS. La pregunta a los entes judiciales del área penal sería, ¿Qué ha pasado con las investigaciones en contra de: Nicolás Petro, financiación ilegal de las dos ultimas campañas electorales, proceso penal contra un expresidente con dilaciones reiteradas, contra el cuestionado ex embajador ante la FAO y posible jefe de gabinete, la unidad de riesgo donde aparecen denunciados algunos miembros de la clase parlamentaria, Euclides Torres, ex min hacienda, y ex min interior del presente mandato, las investigaciones contra la improvisada canciller en el caso Marelbys Meza? Y muchas otras más a la espera del vencimiento de términos, lo que demuestra la ineficiencia del sistema en materia penal, cuando no está de por medio el manoseado principio de oportunidad, bien llamado principio de impunidad.
Razón del titular de la columna. Oh justicia, oh caos.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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