¿Qué pasa con su ejercicio?
J.F. Paz- Exmagistrado
He querido salirme de la línea que trae esta columna de expresar con absoluta independencia todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional, su institucionalidad, la gobernanza, partidos y movimientos políticos, las reformas que se proponen, las alianzas muchas de ellas con propósitos burocráticos, el proceso electoral venidero, en síntesis escritos que giran por lo que debe entenderse por Estado social de derecho, para abordar un tema de crucial importancia, el ejercicio de la nobilísima profesión de la abogacía.
¿Qué hacer para mejorar la calidad de las facultades de derecho, por cuanto muchas de ellas no presentan la acreditación requerida para la formación que demanda esta carrera con implicaciones serias en la actual crisis por la que atraviesa la justicia colombiana, como en la materialización de los derechos ciudadanos?
Reconocer que el abogado se erige como órgano intermedio entre el juez y la parte, siendo un servidor del derecho, al desarrollar como juez primario en el estudio de los asuntos que se le confía por parte de sus poderdantes.
Imposible desconocer la profunda crisis en la actual formación de abogados con duración en algunos centros académica de tres años, lo que años atrás era de 5 años, presentación obligatoria de preparatorios, judicatura y tesis de grado, donde concurren responsabilidades tanto estatal, de la academia, el ánimo de lucro de los entes privados, ausencia de programas que capaciten a verdaderos profesionales en el conocimiento de las normas jurídicas, de la historia del país, de la propia institucionalidad, la sociología, la ética, las humanidades, el correcto manejo del lenguaje, sus reglas de ortografía, da grima leer memoriales de litigantes que deberían ser rechazados de plano , con una complicidad en los controles disciplinarios para con aquellos que transgreden las barreras de la moral y la ética profesional.
En esta lamentable etapa de corrupción que se percibe en todos los estamentos, donde lo malo se convirtió en bueno y lo ilegal en legal, la sociedad siente el apremio de purificar las costumbres, de regresar por los senderos de la ética aplicada a todas las instituciones, para las profesiones, para los funcionarios estatales, para la justicia, últimamente impregnada por este cáncer, retomando los fueros del “deber ser“, conductas muchas veces deshonradas por los procederes torticeros de togados integrantes de la cúpula judicial.
Lo cierto es, que la falta de una verdadera vigilancia respecto al acceso a la profesión jurídica, la validación sin sustento académico de escuelas de “garaje”, un nulo seguimiento a la calidad y los contenidos que se imparten, viene generando una incredulidad de la sociedad frente a ese abogado que se ha formado con graves falencias tanto en lo jurídico, como en lo ético.
Lo anterior para afirmar que, ante las fallas en el conocimiento legal, será imposible exigir un buen y adecuado ejercicio de esta rama del saber, la que debe contener una integralidad y multidisciplinariedad, un cambio de mentalidad de ser un simple operador de normas, a un promotor de convivencia social, que entienda a cabalidad el concepto de justicia y de su compromiso con la sociedad a la que pertenece.
Igualmente entender que litigar sin razón valedera atenta contra el principio de la lealtad frente a la administración de justicia, con un factor negativo, la congestión y el atraso judicial como causantes de la desconfianza ciudadana, que a diario se pregunta: ¿por qué tan demorado mi proceso?
Pero como nada es para siempre, un llamado a los jueces y magistrados, para decirles que no olviden que el tránsito por la actividad jurisdiccional es transitorio, con regreso algún día al ejercicio, como suele ocurrir cuando se hace dejación de esas altas investiduras para volver hacer el ciudadano de a pié.
En otros términos, la humildad, y la sencillez en el ejercicio jurisdiccional, debe ser la prioridad, consejo para quienes aspiran alcanzar dichas dignidades.
Pero así como se desnuda esta realidad jurídica, debemos reconocer y exaltar la labor silenciosa y abnegada de un alto número de profesionales del derecho y de jueces que con decoro han ejercido sus labores a lo largo de los años, dando ejemplo de rectitud, sentido de pertenencia, disciplina académica, que nos hace sentir a muchos satisfechos de haber ejercido esta profesión, lo cual significa que todavía hay luz en la poterna y guardianes en la heredad.
En manos de esos profesionales está el futuro de dicha carrera, que nos recuerda la máxima del maestro Eduardo J.Couture . “el derecho se constituye en la más noble de todas las profesiones, o el más vil de todos los oficios”.
Adenda. Lo expuesto en esta columna está relacionado con las declaraciones mediáticas de la alcaldesa de Bogotá cuando afirma que se debe limitar los egresados de la carrera del derecho por su superpoblación y falta de oportunidades de empleo.
En parte le asiste la razón, pero no da los argumentos serios y académicos para tal afirmación, si es por baja formación, un pensum académico deficiente en cuanto a las materias obligatorias y opcionales que conforman un programa universitario, que establecen la seriedad de esa carrera profesional.
Antes que limitar esos programas de estudio, sería interesante revisar cómo funcionan las facultades de derecho existentes, incluyendo las famosas de garaje donde tiene la obligación constitucional de intervenir el estado.
Adenda dos: Recomiendo la columna de Patricia Lara en “El Espectador”, titulada abajo los godos, relacionándola con las críticas y oposición que viene recibiendo el proyecto de reforma agraria que propone el gobierno, comparándola con la presentada por el ex presidente Carlos Lleras atacada con vigor por la oposición del momento, encabezada por los sectores latifundistas.
Reforma frenada por los congresistas y y dueños de las tierras por el famoso pacto de Chicoral en el gobierno de Pastrana Borrero 9 de enero de 1972. Que cada lector saque sus propias conclusiones.
