Desde mediados de la década de los sesenta se crearon en el país grupos insurgentes que presentaban distintos enfoques ideológicos, pero cuyo denominador común era la lucha contra el sistema, a diferencia de las guerrillas de la década del cincuenta, que luchaban contra el gobierno.
La evolución de estos grupos que tanto daño le han causado a la sociedad colombiana presenta una curiosa paradoja: La incapacidad de adaptarse a las circunstancias históricas de entender el total fracaso de la lucha armada como vía para la realización de sus propósitos en la legalidad política en la búsqueda de reformas económicas, sociales y políticas, y, al parecer continuar creyendo en la eficacia simbólica de la figura del guerrillero salvador de los menos favorecidos por la fortuna.
Cierto es, que la sociedad civil viene rechazando esa violencia como la guerra sucia, que a diario se incrementa, porque de seguir así, el país irremediablemente se verá arrastrado a un caos generalizado, con costos catastróficos en términos de vidas humanas como de bienes materiales.
Sin duda alguna, esos movimientos insurgentes no triunfarán en este conflicto, sino se utiliza una clara estrategia gubernamental, la que no hemos sido capaces de llevar con coherencia por parte de los gobiernos de turno, la paz total como se le llama ahora, será esquiva con derramamiento de mucha sangre inocente en el territorio patrio.
Ahora bien, si esos movimientos poseen la voluntad de llegar a acuerdos, no deben interpretar las treguas y la generosidad oficial para su fortalecimiento, no solo como movimiento político, lo cual sería lógico en un final de paz, si no como movimiento armado y menos aún tratar de consolidar su hegemonía en ciertas zonas del país, en las cuales ejercen una dominación antidemocrática, por decir lo menos.
Lo cierto es, que para lograr la anhelada paz, habría que solicitarle a ciertos sectores hagan lo indispensable para lograr controlar las tendencias radicales que no solo pareciera no querer la paz, sino que no le temen a la guerra, suponiendo ingenuamente, que por ese medio se conseguirá la seguridad y el restablecimiento del orden público, hoy deteriorado, siendo una obligación constitucional de los gobiernos tomar las medidas necesarias para su restablecimiento, redoblando todos los esfuerzos que garantice ese derecho fundamental, el de la seguridad tanto urbana como rural.
A las mesas de negociación en los diferentes frentes solo pedirles actúen con sentido de patria, ecuánimes en las propuestas, como en las decisiones finales, con la verdad, como premisa fundamental.
ADENDA: A propósito de las marchas de la semana pasada que dieron origen a variadas interpretaciones, llamando la atención la del gobierno de no darle la importancia al clamor ciudadano, pareciera que se estuviera frente a la teoría del solipsismo, que no es más que la imposibilidad de conocer o aceptar la realidad objetiva.
Son estilos en la forma de gobernar, encerrados en su propio ego, con la ayuda de una guardia de dogmáticos seguidores que se resisten a darle credibilidad a un malestar político social.
Por: J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
