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El artículo 2 de la constitución política establece entre los fines del estado,” servir a la comunidad, promover la prosperidad general” , siendo perentorio el mandato, cuando establece que las ” autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes”.
Del texto anterior se desprende la noción de orden público , que no es más que garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la búsqueda de la paz”.
Creemos que este postulado no se viene cumpliendo, por cuanto hay un sentimiento de inseguridad, de temor al delito, de ausencia de medidas correctivas por parte de los organismos competentes más dedicados a la sonoridad del micrófono , a las millonarias recompensas, consejos de seguridad, con soluciones en teoria distantes de lo que sucede a lo largo del territorio nacional.
Ahora bien, utópico seria pensar erradicar por completo la violencia, por cuanto todas estas modalidades de delincuencia siempre estarán presentes en las actuaciones del ser humano, fenómenos ligados a la sociedad, pero es deber de las autoridades estudiar las medidas requeridas para disminuir estos factores negativos que afectan la tranquilidad ciudadana.
Imposible no aludir al reclamo de los estamentos sociales cuando se aprehende a un delincuente, al bandido, al forajido, al ladranzuelo, si nuestro publicitado sistema penal acusatorio, lo libera a las horas, con pretexto de no cumplirse con ciertas formalidades, pese haber sido sorprendido en flagrancia, sin considerar los liberados con sentencias ejecutoriadas como voceros de paz.
Bien hace el Consejo gremial , como la Andi, en alertar la grave situación de orden público, con territorios en los cuales el ” Estado no està siendo capaz de ofrecer la seguridad suficiente”, afirmación esta que cobra validez con el tema central de esta columna.
Que interesante sería se dejara tanta confrontación tanto de los unos como de los otros, y el gobierno central le diera la importancia a la seguridad urbana como rural, tan significativa como los diálogos de paz que se vienen adelantado para buscar aminorar la angustia social como resultado de la criminalidad en los grandes centros urbanos.
Cuando el ciudadano de a pie pueda adelantar sus actividades diarias sin menoscabo alguno , se podrá afirmar que se tiene seguridad , lo demás es espejismo , siendo este el llamado al gobierno nacional oiga los pedidos de ayuda de los entes territoriales , que permita recobrar la confianza en las instituciones, hoy por hoy con bajos índices de aceptación.
Menos viajes al exterior, mayor atención a lo doméstico, mejorar la gobernanza, es lo único que se pide.
ADENDA UNO. Lo sucedido en la plaza de toros de Duitama, al remover la estatua del torero Cesar Rincón, para convertirla en plaza de mercado amparados en la reciente ley que consagra un periodo de transición de tres años, no es más que un abuso de la función pública de la autoridad municipal que debería ser investigada , un atropello e irrespeto con la sociedad por parte de unos desadaptados incitados por una dogmática franja oficial.
No se puede permitir que unos fanáticos que acceden al poder traten de abusar del mismo, imponiendo sus creencias, gustos o simpatías en detrimento de la ecuanimidad administrativa.
Ante dicho desdén personalidades españolas indagan lo sucedido , para llevar a las plazas de la península todas aquellas que se refieran al maestro de cúchares.
ADENDA DOS.
Lamentable el Estado de la arteria más importante de Bogotá, como lo es la séptima , abandonada a su propia suerte, convertida en una larga y amplia plaza de mercado, total invasión del espacio público , indigentes reposando en las aceras, la drogadicción a la vista del transeúnte, las basuras abandonadas en cada cuadra, nos hace pensar que esa zona en el otrora ícona de la capital no hace parte de la administración distrital, hoy bajo la dirección de quién prometió muchos cambios frente a lo que se tenia, pero al parecer los resultados son negativos reflejados en la reciente encuesta de opinión donde sale mal calificado.
ADENDA TRES.
Será la justicia la encargada de definir la acción popular instaurada la suerte futura de la población indígena que ocupa desde hace varios meses el parque nacional , ante la total inacción de la administración distrital.
Esa área debe estar al servicio de la comunidad bogotana y no como territorio indigena, donde no cuentan con los más elementales servicios sanitarias vitales para una digna subsistencia.
Que mala suerte la de Bogotá, la ciudad de todos, con estos gobernantes dedicados más al manejo de imagen, que al ejercicio de la tarea misional.
J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
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