Por la pérdida de la sede de los juegos panamericanos, al decir de muchos por la desidia de los dos últimos gobiernos al incumplir compromisos pactados, pero con mayor responsabilidad la actual, se viene agitando una moción de censura contra la ministra del deporte, al considerar los promotores su total inactividad administrativa para ejecutar el cronograma establecido por la multinacional deportiva, sin considerar que dicha inacción podría tener el aval de su superior jerárquico, tema de gobierno que seguramente fue previamente consultado.
La figura constitucional establece un mecanismo de control político que no se aplica en la práctica, donde el solo anuncio hace que de inmediato se prendan las alarmas con interpretaciones subjetivas del reglamento, la reactivación de las coaliciones de gobierno, como la mermelada burocrática tan codiciada por la clase parlamentaria, impiden que esta rama del poder público ejerza su función de exigir la separación del cargo de funcionarios de la rama ejecutiva contra quienes se les compruebe graves irregularidades en su tarea misional.
En una democracia seria y organizada, la moción de censura debería servir para ejercer de manera oportuna y eficaz el control político sobre la administración pública, llamase nacional, departamental o municipal y no ser utilizada para incrementar la burocracia o para el revanchismo político electoral de moda en nuestro panorama nacional.
De presentarse dicha moción de censura no le vaticinamos un recorrido exitoso por la dependencia del Congreso hacia el ejecutivo, donde la separación de poderes como postulado político del que hablara Mostesquieu en su obra “El Espíritu de las leyes“ es cada día más difícil en el país, que solo busca prevenir que una rama del poder público se convierta en suprema, respetándose los balances y contrapesos entre dichas ramas como característica esencial en un estado de derecho, si es que lo tenemos.
Ahora bien, la ministra es solo el fusible por tan grave omisión administrativa, pero valdría la pena ahondar si esa decisión fue tomada unilateralmente o previamente consultada con quién preside el consejo de ministros, figura al parecer ampliada con funcionarios de segundo orden contraviniendo lo ordenado por la constitución.
ADENDA: Un hecho cierto, el actual clima social no está para la intemperancia verbal, tanto de unos, como de otros, comunicados van y vienen, una polarización social y política que en nada beneficia para el ejercicio del gobierno tanto nacional, como los regionales, siendo lo correcto concentrarse en los múltiples problemas de un vasto sector de la población, que el ejecutivo nacional no desgaste sus energías en discusiones estériles, menos mensajes en la cuenta de X, con actos de gobierno concretos , de beneficio colectivo y realizables, antes que invitaciones a un apoyo popular, gobierno eficiente, menos foros y audiencias públicas en donde se navega en un mar de ideas, con un centímetro de profundidad.
En otros términos, menos enfrentamientos institucionales recordándoles que por fortuna el poder es efímero y fugaz, gobernar con el espejo panorámico, más no con el retrovisor.
ADENDA DOS. No puede menos que generar controversia y rechazo por los sectores sociales y políticos la designación de una persona cuestionada en lo judicial y en lo ético como embajador ante la FAO, demuestra que para el alto gobierno solo le interesa cumplir compromisos personales, y cerrar cualquier información que pueda lesionar la imagen presidencial.
Una prueba más de la mora del sistema judicial en las varias investigaciones que cursan contra este ex embajador y ex senador, que permitiría conocer la verdad de todas las imputaciones y acusaciones que contra él pesan.
Una sola conclusión, lo ético como la moral administrativa no hacen parte de la agenda gubernamental.
J.F. Paz Quintero Exmagistrado
