La rama judicial en un estado de derecho no es más que un sistema de jueces y tribunales encargados de interpretar, defender y aplicar la legislación vigente, sancionando a quienes la transgreden y de resolver los litigios entre sus habitantes; pero para ello se requiere independencia, carácter, autonomía, y estar al margen de las influencias políticas.
Se ha sostenido que una de las responsabilidades más importantes de los jueces es proteger los derechos de los ciudadanos cuando se asomen intentos de ser atropellados por gobiernos absolutistas o por grupos empresariales que desconozcan derechos laborales.
Los hechos denunciados donde se compromete en principio responsabilidades de altos funcionarios de estado y voceros parlamentarios deberá ser objeto de una seria investigación por parte del ente judicial, libre de interpretaciones subjetivas, de presiones gubernamentales o de grupos políticos, si se desea volver por la credibilidad de esta rama frente a la opinión pública.
Ahora bien, que estas investigaciones por corrupción no se dilaten en el tiempo, que sus decisiones se produzcan como lo establece el mandato legal, un aporte a la paz social del país, por cuanto la “paz tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la pronta y cumplida justicia”.
Lo que los colombianos reclamamos, no es una justicia protagónica de cámaras de TV, extensos reportajes de prensa y de radio, sino una actuación inmediata, que desarrolle una justicia auténtica, imparcial, austera y sobre todo eficaz y eficiente.
Que sea la rama judicial la llamada a castigar a todos aquellos que atracaron el erario, que abusando de sus dignidades realizaron estas afrentas contra una sociedad que observa perpleja como se atenta contra la institucionalidad, que sus fallos reflejen el sentir de una ciudadanía que solo pide trasparencia en el manejo de la cosa pública.
Objetividad en la actuación procesal, como prudencia del alto gobierno con sus defensas de oficio, que entienda que la esencia de un estado de derecho, radica en el respeto por la tridivisión de poderes: el ejecutivo, gobierna, el legislativo, expide las leyes, la justicia, dar cada uno lo que le corresponde.
La corrupción nos carcome, nuestro país ha sido víctima de este flagelo, por la inacción de los funcionarios judiciales, donde muchas de las investigaciones no llegan a buen puerto, por los esguinces jurídicos de sus apoderados, por vencimiento de términos, por interpretaciones personales sin asidero jurídico alguno, todo en beneficio de los infractores, que se solazan de sus ejecutorias delictivas, en alerta permanente de continuar con sus andanzas burocráticas donde el apoyo político sale a relucir como parte fundamental de todo este entramado delictivo.
ADENDA UNO. ¿Tendrá autoridad moral, política, y administrativa el sumiso minhacienda para presentar ante el cuestionado Congreso de la República otra reforma tributaria o de financiamiento como la quieren denominar, con los graves señalamientos que se le imputan de ser casi que el cerebro del saqueo a la UNGRD al direccional partidas presupuestales tendientes a obtener apoyos parlamentarios para algunos actos de gobierno?
¿Se le medirá el ejecutivo nacional a semejante idea, cuando en realidad la desconfianza ciudadana alcanza altos porcentaje de incredulidad, al no sentirse bien representados en las altas esferas de poder…?
Lo mejor para el obediente ministro: ponerse a derecho.
ADENDA DOS. ¿Cuál es la garantía para los contribuyentes que su tributación no será utilizada en compra de conciencias, bonificar congresistas, burocracia interna como externa, para pago favores políticos?, cuando dichos recursos debieran ser utilizados para obras de beneficio social.
Por: J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
