No hay encuesta que no se refiera a la ausencia de la seguridad ciudadana que afecta la convivencia social, de allí que resulte de gran importancia ahora que avanza la campaña electoral para renovar en teoría el Congreso de la República cuya imagen ante la opinión pública no es la más favorable, que compite frente a la forma como viene operando el sistema judicial, originando un ambiente de desesperanza que se acrecienta frente a la ausencia de serios programas por parte de los aspirantes a ocupar los escaños en las cámaras encargadas de expedir la leyes que determinan el diario vivir, muy entregados a las alianzas políticas aunque tengan que realizarlas con el contradictor del ayer. Solo importan los votos.
Ahora bien, imposible negar el atraco callejero que está a la vuelta de la esquina, la extorsión, las bandas delincuenciales en las diferentes comunas y barrios de los centros urbanos, las actividades clandestinas se hacen cada día más evidentes, la pérdida de vidas humanas por el robo de celulares, el raponerismo aflora en todas las ciudades, sin que se conozcan medidas efectivas para su erradicación.
Si le solicitamos a los aspirantes a los cargos de elección popular exponer sus programas en materia de seguridad, no menos cierto lo es, la obligación constitucional del gobierno nacional de darle la importancia a la seguridad urbana y rural planteada en el reciente encuentro de la federación de municipios al inquilino de la casa de Nariño, asunto tan significativo como la cacareada consulta popular, buscando ante el poder central apoyo para eliminar la angustia que se palpa en todos las ciudades del territorio nacional.
Cuando el ciudadano pueda adelantar sus actividades diarias sin temor a sufrir menoscabo o daño físico, social, moral o patrimonial y ejercer libremente sus derechos con toda libertad, podremos afirmar que tenemos seguridad, lo demás es espejismo y es el llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos que le permitan al habitante urbano, como rural recobrar la confianza en sus instituciones.
ADENDA UNO. A la consideración del Senado de la República se encuentra para su aprobación o negación la Consulta popular impulsada por el gobierno central.
Más allá de querer expresar juicios sobre esa iniciativa gubernamental, consigno algunas reflexiones sobre el tema, que hacen referencia a las ventajas o desventajas de la figura constitucional, como uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la carta política, al igual que el plebiscito y el referendo.
Como ventajas, se destacan que dicha figura puede usarse para la solución de problemas políticos buscando el mejoramiento de la imagen presidencial, cuando la misma pasa por momentos de deterioro frente al colectivo popular.
De igual manera, puede incentivar la participación ciudadana frente al desencanto de un frustrado electorado con las formas tradicionales que presenta nuestra débil democracia participativa, sin considerar los cuestionamientos a la clase política.
Como desventajas, factor de debilitamiento de la representación parlamentaria, al ser excluidos en la decisión que se consulta, pero a la vez los protege de tener que decidir sobre asuntos controvertidos que afecten su carrera política.
Resulta a primera vista, que los eventuales votantes no disponen de los elementos de juicio sobre las materias que se someten a la consideración ciudadana, siendo prácticamente nulo o parcial sobre ciertas preguntas que se formulan.
Aspecto importante para considerar, que dicha figura se pueda utilizar como estrategia o arma política para satisfacer intereses políticos o ambiciones de poder.
ADENDA DOS. Como quiera que el Senado de la República debe elegir en los próximo días un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, es de esperarse que dicha corporación esté a la altura del momento por el que atraviesa el país, evitando la filtración partidista como la presión gubernamental, en algo tan serio y respetable, como lo es la justicia, la cual debe desenvolverse dentro de una indiscutible imparcialidad sin alteraciones.
Es indudable que a lo largo de estos 35 años de funcionamiento de la Corte Constitucional, el estado social de derecho se ha robustecido con las decisiones, sentencias e interpretaciones que la corporación ha venido haciendo de los derechos, garantías y obligaciones que debe tener todo ciudadano, como sistema de control de constitucionalidad, sino también con el funcionamiento de toda la estructura política colombiana y su perfeccionamiento.
Cuidar la Corte, para evitar malos momentos institucionales a futuro. Advertidos estamos.
ADENDA TRES. Con motivo del desplazamiento del presidente a la China, se presentó una confusión para el encargo del gobierno central, si era el cuestionado Min interior o el histérico Min salud, poseedor hoy con una alta cuota burocrática.
El humor popular dio una sabia solución: que entre el diablo y escoja, forma coloquial de decir que una situación es tan mala o difícil que, si el diablo entrara en ella, también se asustaría, o no sabría qué hacer.
ADENDA CUATRO. Los desvaríos de la política exterior del gobierno: otorgar asilo camuflado como perseguido político al ex presidente de Panamá, condenado por Corrupción. Una descarada burla a la justicia panameña.
Nombramiento de un embajador, ex alcalde de una capital, con 26 investigaciones, entre fiscales, disciplinarias, y otras más. El deterioro de una gobernanza. Ver para creer.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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