También denominada gobernanza que hasta hace pocos años sólo aparecía en los textos académicos, se ha convertido en la presente década en un vocablo de uso corriente por los gobernantes y la clase política, con vigencia en el momento actual, a propósito de los frecuentes cambios en los ministerios del presente período presidencial, reemplazados por ciudadanos, unos con bajos perfiles, sin la experiencia requerida para asumir responsabilidades de estado.
Imposible negar el mal momento institucional por el que se transita, el estado como estructura jurídica está siendo embestido por una violencia generalizada, la insurgencia redobla sus ataques en el sur del país, poblaciones tomadas por los diferentes movimientos armados, enfrentamientos con las diezmadas fuerzas del orden, el terrorismo urbano muestra sus fuerzas en ciertas capitales, la delincuencia organizada mantiene en zozobra algunas regiones del país, la corrupción se extiende a todo nivel, con una justicia laxa e inoperante frente a estas graves denuncias del atraco al erario, lentitud que alarma con trazas de impunidad total.
La gobernabilidad no reside únicamente en la estabilidad política del sistema y del total o relativo apoyo de los partidos políticos al gobierno de turno, muchos de ellos atraídos por las prebendas burocráticas, sino en el cumplimiento de los procesos de cambio, tanto en el manejo de la economía y de la hacienda pública enfocados hacia el bienestar colectivo.
El estado con su poder coactivo tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de sus habitantes, haciendo respetar la vida como derecho fundamental, en el momento presente afectado por la violencia urbana y rural, el secuestro, la extorsión, máxime cuando estas amenazas provienen de grupos pertenecientes a la insurgencia que dialogan con el gobierno con el sugestivo nombre de la paz total.
Imposible dejar de lado el tema de la salud, las quejas sobre su precaria o nula atención a la población enferma, donde la muerte se presenta en las puertas mismas de los centros hospitalarios, pues se le ha tratado como un bien que se compra o se vende en el mercado, desconociendo que es un derecho humano, y peor aún cuando se le quiere tratar con un criterio ideológico, sin importar las graves consecuencias sociales por el manejo erróneo de la política de la salubridad pública.
Cometería una grave omisión si no se alude a la parte hacendística y tributaria, la cascada de impuestos que pesan sobre el contribuyente, tanto de orden nacional, departamental, distrital y municipal, con anuncios del nuevo min hacienda(4 en el presente gobierno) de una nueva reforma tributaria, que ahondará las penurias de esa masa contribuyente que deberá decidir, si paga los impuestos o deja de cubrir sus necesidades básicas para la subsistencia propia y la de su núcleo familiar, proyecto que deberá tener un análisis serio y responsable por parte de las comisiones económicas del Congreso, máxime cuando se denuncia el incremento de la burocracia en lo que va corrido del presente mandato tanto en lo interno como en el campo exterior, se calcula en más de 700 mil nuevos cargos denominados por un columnista de opinión , » empleos militantes», cuya única misión es la de ser fieles al momento del sufragio.
Lo anterior genera una conclusión; por el afán de obtener una mejor gobernabilidad, se ha olvidado o tal vez no dándole la importancia al hecho de poder recuperar la confianza ciudadana que le permita obtener una verdadera legitimidad gubernamental, respaldo popular que va decreciendo día a día, que en nada beneficia al gobierno central y si por el contario lo debilita para sus políticas futuras, prueba a la que someterá con la llamada consulta popular.
Dicho en palabras coloquiales, las demandas sobre los gobiernos que se dicen democráticos crecen, mientras que la capacidad del gobierno para resolverlos se estancan, por estar evaluando estrategias populistas que le permitan una continuidad gubernamental. Grave error.
ADENDA UNO. Ante la lentitud del sistema judicial en todas sus instancias, los autores de los atracos al erario, denunciados y soportados probatoriamente se refugian para evitar que esa tardía justicia, si llega, los toque, pero cuando eso suceda ya han puesto “pies en polvorosa”, como viene sucediendo con los ex ministros de hacienda y del interior salpicados en el escándalo de la Unidad de riesgo, como autores y promotores de esa trama de corrupción llevada a nivel parlamentario.
Publican los medios; “Fiscalía rastrea ubicación geográfica de los ex ministros Bonilla y Luis F. Velazco“. La pregunta a formular sería. ¿El por qué tanta demora, tanta lentitud, tanta desidia para asumir con seriedad y responsabilidad judicial esta clase de procesos?
Cobra vigencia la frase del libre pensador Ñito Restrepo. “El código penal es un perro bravo que no muerde sino a los de ruana,” que con el tiempo se fue abreviando la expresión hasta quedar como hoy en día la conocemos. “la ley es para los de ruana.”
ADENDA DOS. Los que constituyen un peligro para la sociedad, son esos jueces carentes de personalidad, de carácter, para tomar drásticas medidas contra los autores de graves delitos que lesionan el tejido social, como lo sucedido con una banda de pillos dedicados a despojar de sus propietarios joyas de gran valor, permitiendo que esos desafueros continúen, pese al acervo probatorio presentado por las autoridades competentes.
Que los organismos de control disciplinario actúen de inmediato, y determinen la legalidad de esas decisiones, en caso contario proceder al retiro de esos funcionarios que se han burocratizado, como consecuencia de un mal diseño de la carrera judicial.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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