El país observa perplejo y con lógica inquietud, como desde el alto gobierno se utiliza un tono vehemente con señalamientos generales que lesionan la majestad del cargo que ostenta por mandato popular, requiriéndose un mejor ejercicio de la virtud de la EUBOLIA, que no es más que la prudencia en el hablar, cauto en lo que se expresa, máxime cuando se trata de la primera autoridad de la nación.
Es un toma y dame, es ataque y contra ataque, que le ha permitido a sectores opositores hacer su propio protagonismo tratando sacar provecho del presente aluvión político.
El actual clima social no está para la intemperancia verbal, tanto de unos, como de otros, correspondiéndole al mismo gobierno hacer su aporte para aclimatar la tormenta política administrativa, que deje a un lado la soberbia institucional, que reconozca que se han cometido errores, que se ha fallado en la escogencia de algunos de sus colaboradores, que se ha improvisado en muchas áreas, que se han incumplido promesas electorales que originan protestas ciudadanas, como la frondosa burocracia en el campo internacional, con la creación de embajadas y personal consular para cumplir compromisos personales y de grupo político.
Capítulo aparte la designación del cuestionado nuevo embajador ante la FAO, que agravia la dignidad de un estado.
Que interesante sería que se le diera un repaso a ciertos principios bien analizados por José Martínez Ruíz, conocido como Azorín, autor prolífico, político y literato español, que servirían para bajar la temperatura política, y se permitiera dentro de los espacios de la democracia, el debate civilizado, amplio, abierto, directo, ya que pretender que un país con más de 40 millones de habitantes se piense igual, no solo es imposible, sino lamentable.
El político, según Azorín, debe conservarse en el fiel de la balanza, manejar el sentido del equilibrio, por cuanto la excesiva pasividad en el gobierno, engendraría el desorden y la confusión, y el excesivo rigor en cambio podría acarrear perturbaciones funestas para los gobernantes.
No estar de acuerdo con un sistema de gobierno, no significa que no se pueda disentir, las diferencias bien manejadas, con respeto y altura, es fuente de pensamiento, el debate democrático permite construir sociedades más justas y equitativas, ojalá así lo entendieran quienes ejercen la acción de gobierno.
Ahora bien, la protesta social constituye un instrumento constitucional válido para la reivindicación de los derechos ciudadanos, siempre y cuando se desarrolle de manera pacífica, dentro de los canales legales, pero inadmisible cuando se utiliza para presionar o intimidar una decisión bien sea judicial o administrativa electoral, más grave aun cuando es teledirigida, pudiéndose caer en el terreno de la anarquía, o en buen romance en el desgobierno.
ADENDA UNO: Lo acontecido en los alrededores del palacio de justicia la semana pasada fuera de ser inaceptable, atenta contra el orden jurídico establecido, vulnera elementales principios sobre los que se edifica la separación de poderes, y genera graves preocupaciones sobre el futuro de la débil democracia colombiana, que nos hace pensar lo difícil que serán los próximos certámenes electorales, si los mismos no satisfacen a quienes en ese momento ejercen el poder.
Ahora bien, si bien se alude a la independencia y autonomía de la rama judicial, no menos cierto lo es, que esta alta corporación, (CORTE SUPREMA) debe definir sin dilaciones que se prestaría para sinuosos comentarios, la designación de la persona que dirigirá la Fiscalía por este nuevo periodo, actuación que cae en el campo de lo administrativo electoral, aspecto diferente con la llamada independencia y autonomía de dicha rama del poder público.
ADENDA DOS: Mas que desacertado, un desatino la declaración del acomodado secretario de la OEA, refiriéndose al panorama político actual de Colombia.
La reclamación del senador De la Calle más que justificada, aplaudible.
*Exmagistrado J.F. Paz Quintero
