El título de esta columna se refiere a una determinada manera de comportarse que debería caracterizar a los gobernantes, como a la clase política, con cuestionamientos en los momentos actuales, con bajos índices de favorabilidad, que afecta la democracia participativa.
Las reiteradas denuncias de corruptela, compra de conciencias, manejo indebido de los dineros públicos, una contratación amañada, direccionada a favor de unos cuantos, donde las investigaciones se quedan sin sanción alguna, nombramientos de funcionarios en contravía de las normas éticas para cargos del más alto nivel, una inseguridad ciudadana sin solución por parte de los organismos de ley, nos hace pensar que estos últimos años en lo político administrativo han sido repugnantes, con un irrespeto permanente por parte de las esferas oficiales.
En un país como el nuestro dónde la corrupción y las indelicadezas constituyen el pan diario, la gran afectada es la política, objeto de una severa desafección social, todo por culpa de una clase dirigente acostumbrada a actuar como malandrines, abusando de la confianza pública.
La sociedad entera desea que sus voceros, los que nos van a gobernar a futuro, los que someterán sus nombres en la contienda electoral en los meses venideros sean ciudadanos de bien, decentes, con experiencia en lo público, que utilicen la verdad, sin sofismas de distracción, e incluso en casos extremos en los momentos de gobierno no duden en adoptar medidas que más le convenga al país, demostrando su talante de gobernante, sin acudir a las amenazas y a discursos incendiarios propios de los demagogos de plaza pública.
A tiempo estamos de devolverle a la política la dignidad, como una profesión de servicio público, para garantizarle los derechos a los ciudadanos, que no son más que el derecho a la justicia social, a la seguridad urbana y rural de capa caída, a la educación, a la seguridad social tan vapuleada en este cuatrienio, a la vivienda digna sin propósitos electorales.
La dignidad se obtiene cuando se gobierna o actúa con decoro, con transparencia, con alta dosis de excelencia en lo moral y en lo ético, como característica de quién ejerce la actividad política o el gobierno, por cuanto es el vocero o nuncio del interés general de los ciudadanos, sobre la premisa de quien no esté dispuesto a anteponer el interés colectivo al suyo propio, debería dedicarse a otras actividades y no enlodar el ejercicio de tan noble actividad, como lo es la política, cómo el arte de la gobernanza
Un gobernante se hace digno por la ética, la que no es negociable, con la dignidad no se trafica.
ADENDA UNO. Una de las tantas ideas presidenciales hace referencia a la instrucción dada de eliminar los requisitos para ser embajador originando un rechazo generalizado por los distintos sectores, con baladíes argumentos de “ejercer plenamente su derecho de dirigir las relaciones del país.“
Esa petición demuestra el ultraje para un campo de la administración pública de tanta connotación como lo son las relaciones internacionales, que deben ser atendidas de manera profesional y coherente, en un momento geopolítico de tanta convulsión, con ciudadanos debidamente preparados para la tarea misional.
La supresión de requisitos para los cargos de la diplomacia puede llevar a la pérdida de idoneidad y capacidad en el servicio público, aumento de la corrupción y una vulneración del principio de la meritocracia.
Esa barrera del mérito sirve como puerta para impedir el ingreso de personas con intereses particulares o con claras intenciones de ejercer actuaciones en contra de la legalidad.
Pareciera que en este mandato próximo a expirar, los méritos, la preparación académica, la experiencia profesional, la sapiencia, el conocimiento, está por fuera de la agenda de quién ostenta la jefatura del estado, demostrado a lo largo de la gestión de gobierno.
ADENDA DOS. El maestro Darío Echandía sostenía que en Colombia existían leguleyos, rábulas, litigantes, abogados, juristas, y jurisprudentes.
El debate jurídico entre el ministro de justicia frente al profesor Mauricio Gaona sobre el tema de la consulta popular y la constituyente, demostró el pasmoso conocimiento constitucional del segundo y la descoordinación, nerviosismo, como la carga emocional del primero, tratando de justificar una tesis abiertamente inconstitucional, con un pronunciamiento inicial del Consejo de Estado de suspender los efectos jurídicos del decreto de su autoría, el cual no lleva su firma.
La audiencia pudo claramente identificar quién ejercía como jurista, como erudito y quién como leguleyo, con planteamientos sin sustento alguno en la normatividad legal y constitucional vigente. Apropòsito: ¿donde queda la responsabilidad polìtica frente a semejante desaguisado jurídico?
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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