Ha presentado el gobierno central a la consideración del Congreso una reforma tributaria denominada ley de financiamiento, que al decir de los expertos en dicho campo, poco tiene de estructural, pero si mucho de impositiva, fiscalista, en detrimento de las clases populares, media e independientes, que siempre son los paganinis cuando se acude al incremento de los gravámenes o de unos nuevos como se plantea en la misma.
Le corresponderá al nuevo ministro quién remplaza a un funcionario comprometido en actos de indelicadezas administrativas, convencer al legislativo de las bondades de lo que se propone, con el manoseado argumento de tapar el hueco fiscal ocasionado por la opulencia derrochadora de la que se ha hecho gala en lo que va corrido de gobierno, el incremento de la burocracia tanto interna como externa, los cupos indicativos, la exagerada publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, asesores con cuestionamientos éticos, los copiosos viajes al exterior con comitivas exageradas, como las denuncias de corrupción en las diferentes dependencias oficiales.
La pregunta del ciudadano del común es si en lugar de gravar con más impuestos tanto a las personas naturales como a las jurídicas que sobrepasan los 70 entre nacionales, departamentales, distritales y municipales, se racionalizara tanta burocracia oficial que abunda en todas las entidades estatales como territoriales, entidades que podrían funcionar con menos empleados, bien preparados, con salarios justos que correspondan a su preparación académica, oficinas muchas de ellas atiborradas con personas ajenas al concepto de administración pública, cuotas políticas para cumplir compromisos adquiridos, hacen que la estructura institucional del país sea complicada, ineficiente y generadora de corrupción.
No es ajeno el concepto que define al burócrata como un experto intrigante a sueldo, paseados por todas las dependencias oficiales, especializados en no hacer nada, intocables por los padrinazgos políticos que los protege, sin sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la administración pública.
¿Qué no decir de la cascada de organismos descentralizados, oficinas estatales con funciones y nóminas paralelas, estructuras burocráticas que no cumplen con el real concepto de lo que se debe entender por función pública?
De allí que se sostenga que si el estado entrara en unos serios procesos de racionalización, de reestructuración administrativa, de eliminación de nóminas paralelas y entidades sin funciones, control a los viajes al interior y exterior con pago de elevados viáticos que a la postre constituyen factor salarial, de la cantidad escoltas para proteger a ex funcionarios que lo dejaron de ser meses o años atrás, convertidos mucho de ellos en sus mensajeros personales, con carros blindados, uso de celulares, beneficios estos extendidos a miembros de sus familias, seguros estamos no se necesitaría crear nuevos impuestos en donde se castiga a la clase popular, independiente, solo bastaría la voluntad política para recortar los exagerados gastos del estado que desangra el presupuesto nacional al que contribuimos todos.
Es el momento para que tanto las comisiones económicas y el Congreso en pleno actúen de manera sensata no aprobando el proyecto presentado por el impacto negativo para la inversión, como para el bolsillo de los colombianos con esta segunda reforma tributaria del gobierno del cambio.
ADENDA UNO. No es secreto alguno que existen organismos oficiales que no responden al concepto de lo que debe ser una entidad pública, que han demostrado su total ineficiencia, con ausencia de manuales de funciones e índices de rendimiento, manejadas con criterio clientelista, adjudicadas a políticos cercanos al gobierno, con frondosas nóminas, denunciadas por actos de corrupción donde los organismos de control no se hacen presentes, o miran para otro lado.
Conocedores del tema de la estructura estatal comentan con argumentos sólidos lo poco que le aportan a la modernización administrativa instituciones como la Contaduría y Auditoría generales de la Nación, entidades que sólo reprocesan información de los ministerios y suplantarlos en sus funciones, pero que le cuesta al estado sumas millonarias para su funcionamiento anual.
ADENDA DOS. Una Procuraduría General de la Nación con presupuesto millonario y una agrandada nómina de procuradores judiciales a lo largo y ancho del país, con funciones inocuas que constituye la causa por la puja de los partidos por obtener la orientación de ese organismo estatal, que bien podría funcionar con una tercera parte de su actual planta de personal, al igual que la defensoría del pueblo.
ADENDA TRES. Unas contralorías territoriales que se han convertido en nidos de corrupción en la provincia colombiana, con clara injerencia partidista, entidades que deberían ser eliminadas, sin contar con las cuantiosas sumas invertidas en los programas de descongestión judicial con resultados negativos para la justicia al día.
Todo lo anterior merece una sana reflexión respecto de la inmensa cantidad de dinero del erario que no cumple con una verdadera función social, sin contar las ciclópeas sumas que se lleva la corrupción en todas sus manifestaciones, que genera interrogantes cuando se alude a reformas tributarias con el fin de obtener mayores recaudos para el fisco nacional.
A propósito de la ceremonia de estado realizada en la casa campestre del ex presidente Mojica en Montevideo, recordarle al presidente que el símbolo patrio o sea nuestra bandera nacional es la de las franjas, AMARILLO, AZUL Y ROJO, que representa la unidad de un pueblo.
Por: J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
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