Preocupante resultan las reiteradas expresiones presidenciales de cuestionar las decisiones de los organismos que por competencia deban decidir asuntos a su cargo que comprometen de alguna manera la alta dignidad, originando un enfrentamiento de poderes que afecta la institucionalidad, tendiendo una cortina de humo a las difíciles circunstancias de orden público y de inseguridad por la que atraviesa la sociedad colombiana.
Esas reacciones desbocadas solo generan polarización social cuando la vía democrática es la de hacer uso de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico que aluden a la debida defensa y al derecho a la contradicción, máxime cuando la constitución le otorga ser el símbolo de la unidad nacional, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.
En lugar de esos enfrentamientos que no conducen a nada, que interesante sería que el jefe de estado se concentrara con su poder presidencial a salvaguardar la vida de los colombianos como derecho fundamental, afectado por la violencia, el crimen, el terrorismo, recuperando un vasto territorio nacional en poder de la insurgencia, apoyando a esa masa de desplazados que originan las pugnas armadas.
Se alude a golpe blando, asumiendo que encarna la voluntad política que no debe ser afectada por limite alguno, por cuanto se estaría contrariando la voluntad popular, dándole una interpretación simple al derecho y a la constitución colombiana donde se plantea que tanto el poder presidencial, como los otros poderes del estado siempre estarán sujetos a límites jurídicos para evitar el abuso de las funciones públicas como el respeto por la separación de poderes.
No hay tal golpe blando, lo que se palpa en la actualidad es el desarrollo de la democracia, su normal funcionamiento, con unas corporaciones ejerciendo la actividad misional, el legislativo discutiendo los proyectos de ley, ojalá libre de cualquier contaminación que lo coloque en la picota pública, la judicial estudiando lo que debe estar sujeto al marco jurídico, en síntesis, es lo que genera el desarrollo de la democracia que no da para crear un pánico institucional.
Por el bien general, mayor serenidad por los pasillos de la casa de gobierno.
ADENDA: La finalidad principal de la jurisdicción contenciosa es la de ejercer la guarda de la integridad y supremacía de la constitución política y, garantizar a las personas la protección de sus derechos fundamentales, no se entiende entonces como se declara inexequible una norma por ser contraria a la constitución, pero a la vez difiere hacia futuro sus efectos, es decir rigiendo dentro del marco jurídico.
Se pregunta, ¿si es contraria al ordenamiento jurídico, él porque difieren sus efectos jurídicos? Solo hay una respuesta, no contrariar al alto gobierno con la creación del cacareado ministerio de la igualdad y equidad, que se convirtió en frondosa nómina para satisfacer los apetitos burocráticos de un determinado sector político afín al gobierno central.
Solo se pide coherencia en las decisiones constitucionales a una corporación que, a diferencia de otros poderes, tiene credibilidad ante la sociedad colombiana.
ADENDA DOS: Vaya, vaya, la ex alcaldesa de Bogotá, con bombos y platillos anuncia su retiro del movimiento político los verdes por considerar que no puede seguir en un movimiento contaminado en presuntos hechos de corrupción, pero a los días siguientes es llamada por la Fiscalía General para que explique acusaciones sobre la financiación de la campaña electoral para senado de su pareja sentimental con recursos públicos.
La desfachatez en pasta, muy propia de su personalidad.
J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
