En Colombia como en la mayoría de los estados sus habitantes acuden a las marchas o manifestaciones públicas para expresar que una parte significativa de la población está a favor, o en contra de una determinada política, cuestionando a un gobernante o una medida oficial.
Se ha sostenido que la esencia de la democracia radica en la libre expresión, el derecho a disentir sin limitación alguna, contrario a lo que en los sistemas absolutistas se acude a la represión, a la judicialización de la protesta como una estrategia de estado para perseguir a los llamados activistas sociales a través del hostigamiento, el encarcelamiento, la tortura, actuaciones estas no solo rechazables, como abominables.
Esa protesta ejercida dentro de los canales democráticos, resulta ser uno de los mecanismos más eficaces para formular la inconformidad a unas políticas o medidas gubernamentales que van en contravía del bien común.
Lo cierto es, que si defendemos la poca democracia que nos queda como sistema político, igual defensa para la movilización ciudadana, pero realizada de manera pacífica, sin atropellar otros derechos ciudadanos, por cuanto se puede caer en la anarquía y aprovechada por sectores sombríos que solo buscan generar el caos, desnaturalizando la finalidad de la inconformidad social.
Lo sucedido la semana pasada con el llamado “paro nacional”, con apoyo oficial, fuera de no contar con el respaldo popular, estuvo lejos de encajarse de lo que realmente debe ser una protesta, pacifica, respetuosa de la ley vigente, debidamente organizada para facilitar la comunicación, la seguridad y la eficiencia, con un impacto público, garantizando la seguridad de los que participan, sin generar desorden, respetando los derechos de los que no intervienen en la marcha, como la libre circulación.
Al parecer los organizadores de ese frustrado paro nacional poseen un errado concepto de la protesta, como una herramienta de desorden, violencia y caos, cuando en realidad es un derecho fundamental y una forma legítima de expresar disconformidad o exigir cambios en las políticas gubernamentales.
La historia recuerda marchas sociales como la de la sal encabezada por Gandhi para protestar contra el imperio británico año 1930, la de Barcelona a favor de la independencia de Cataluña, las protestas de los astilleros de Gdansk ( Polonia ) encabezadas por el dirigente obrero Lech Walessa en agosto de 1980, premio nobel de paz en 1983 y presidente de su país entre 1990 – 1995, la de la primavera árabe entre 2010 al 2014, que produjeron derrocamientos de los gobiernos de Túnez, Egipto y otras más que han servido para impulsar cambios de orden social, político y económico.
Las nuestras no son sino un tumulto de saboteadores, asaltantes de tiendas de barrio, bloqueadores del sistema de transporte, donde los perjudicados es el mismo pueblo, que dicen defender.
ADENDA UNO: Lamentable lo sucedido con los miles de habitantes bogotanos al no poder utilizar el servicio de transporte para atender sus actividades laborales, por la interrupción de ese servicio por un teórico paro nacional, con la declaración pública de un opaco dirigente sindical quién manifiesta que los bloqueos no “ constituyen delito “, que es un derecho de las protestas sociales, desconociendo abiertamente la norma que penaliza la obstrucción de vías públicas, articulo 353 A, precepto que establece que la obstrucción de vías públicas que afecte el orden publico es un delito, avalada por la corte constitucional en la sentencia C742 de 2012.
Le corresponde a la justicia ejercer su tarea misional.
ADENDA DOS: Mientras se desarrollaba el frustrado paro nacional se cocinaba una “ Adelantada reforma tributaria “, a través del decreto 0572 – 28 de mayo – 2025, en virtud del cual se modifica el sistema de retención en la fuente, en la práctica un recaudo anticipado de impuestos.
Demuestra lo anterior la crítica situación fiscal del gobierno, dedicado al derroche presupuestal, nóminas paralelas, contratos de prestación de servicios, cargos en el exterior, el último el nuevo embajador en Palestina con una variedad de investigaciones que deshonra el servicio diplomático.
En el argot popular, esa actuación se le puede catalogar como “marrullera”.
ADENDA TRES: Avanza el proceso electoral con una proliferación de precandidatos que bien puede afectar la democracia, generando una inestabilidad política, creando una confusión entre los votantes, originando una abstención o la elección de candidatos menos preparados, sin la experiencia requerida para el manejo del estado.
Esa inexperiencia es factor de desgobierno, de caos y desgreño administrativo.
La cumbre de jefes de Estado en Montería contó con la ausencia o mejor desplante de su anfitrión. Vergüenza internacional.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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