En una de las tantas fatuas intervenciones de quién ocupa la jefatura del estado aludió al estado social de derecho como una gran conquista institucional, sin que ese concepto establecido en la constitución del 91 se haya desarrollado con amplitud para beneficio de la sociedad colombiana.
La gran verdad es que esa figura constitucional viene en crisis cuando desde la cúpula del alto gobierno se quiere desconocer la separación de poderes, los pesos y contrapesos, característica de una sana democracia, donde el ejecutivo gobierna, el legislativo expide las leyes , la judicial, instruye y falla.
Imposible desconocer las reformas tributarias casi que anuales, donde los más afectados son clase media e independiente, los cinturones de pobreza en los grandes centros urbanos, una polarización ciudadana encabezada por el ejecutivo, aunado al resurgimiento de protestas y movilizaciones sindicales, muchas de ellas con un concepto errado de lo que debe ser la lucha obrera sindical, apoyando políticas contrarias a lo que se debe entender por una buena gobernanza.
No hay duda que todo ese malestar ha contribuido al debilitamiento del estado y desconfianza en el estamento político, que en gran parte se debe a una exagerada nómina burocrática, al cáncer de la corrupción, con cifras escandalosas en materia de contratación estatal, en connivencia con encopetados funcionarios del más alto nivel.
Pero lo más desconcertante, que produce desazón, pesadumbre, es la indiferencia ciudadana, la apatía de una sociedad que pareciera se ha acostumbrado a convivir dentro del escándalo y la venalidad, el abandono de la salud, la crisis de las EPS, que se inicia años atrás con el escándalo de SALUD COOP, donde el reciente nombrado ministro de justicia actúo como apoderado y asesor de dicha entidad con millonarias erogaciones por su gestión profesional, el cierre de los hospitales públicos, la deserción escolar por la falta de recursos económicos de sus familias, el recorte de las partidas presupuestales de las universidades púbicas, sin considerar las ofensas permanentes que el estado por intermedio de sus organismos le hace al ciudadano atropellándolo en sus derechos, sobre todo en materia de seguridad social.
Se ha sostenido que, si la sociedad se calla frente a tantos desaciertos, sino exige la unión de sus dirigentes y denuncia con valor a quienes los traiciona, no nos sorprendamos que, en un tiempo no muy lejano, aparezcan las manifestaciones de los oportunistas y los fantasmas de una nueva legión de abusadores del estado, en un país que por desgracia se ha venido desdibujando en el ejercicio de la función pública, como la jurisdiccional.
Ahora bien, no nos llamemos a engaño, reconocer la ausencia de verdaderos líderes, tema universal, dirigentes con carácter , coherentes en sus posiciones, características del pasado, no sin antes expresar que la sana política se volvió difícil de ejercerla en Colombia, en donde los ciudadanos honestos, capacitados, la evitan, abriéndole el paso a una dirigencia azarosa ansiosos del poder.
Recuperar la noción del estado social de derecho , donde solo nos interese el progreso colectivo, con políticas incluyentes, regresando por la transparencia , el buen gobierno, recordándoles a los dirigentes al estilo Borges, “nadie es patria, todos los somos.”
ADENDA UNO. No puede ser buena noticia para la justicia colombiana la designación como nuevo ministro de justicia, quien por mandato legal le corresponde formular, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia, lucha contra la criminalidad, a una persona que desconoce la separación de poderes, coautor de la tesis del gobierno de convocar una consulta popular a pesar de la negativa del senado, donde el ejecutivo se arroga facultades atribuidas a otra rama del poder público.
El respeto por la institucionalidad debe ser la orientación de quién llega a dirigir la política judicial del país. Lo demás es paisaje.
ADENDA DOS. Años atrás, un fiscal general de la nación acudió a un esguince jurídico con el apoyo de una corporación judicial de convertir el periodo institucional en individual, esculpiendo con el cincel de la conveniencia una norma, que establecía que los “periodos establecidos en la constitución o en la ley para cargos de elección tiene el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo hará, por el resto del periodo para el cual este fue elegido.»
No se discute la capacidad profesional del nuevo min justicia, solo cuestionamos sus actuaciones muchas de ellas en contravía del orden jurídico.
ADENDA TRES. Lo sucedido al senador Uribe Turbay, no es más que la degradación de la política como producto de la violencia verbal, de la polarización auspiciada desde la cima del poder, que solo genera enfrentamientos, evita el desarrollo colectivo y pone en riesgo la poca y débil democracia que se tiene.
Rechazo categórico a esos procederes.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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