Ha presentado el gobierno central a la consideración del Congreso un texto que hace referencia a una reforma a la justicia, la que se espera sea analizada con altura legislativa que responda al clamor de su urgente expedición.
La pregunta que a diario se formula el ciudadano del común como usuario de la justicia, así como el litigante, es si el país ha experimentado cambios sustanciales con las instituciones creadas por la constitución del 91, cuanto en honor a la verdad poco o nada se ha avanzado para tener una justicia eficaz, eficiente, pronta y cumplida.
No puede considerase como una verdadera justicia, el esperar siete, ocho, o más años un fallo judicial, muchas veces con decisiones distantes de la pretensión invocada, o lo más preocupante sentencias inhibitorias proscritas por la ley, en donde el juez da respuestas muertas a preguntas vivas, o invocando la caducidad cuando la debió manifestar al momento de admitir el libelo demandatorio.
La congestión como el atraso judicial es la regla general en los despachos judiciales, fallos a destiempo, el formalismo procesal, desconociéndose el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, donde los errores jurisdiccionales se han convertido en algo rutinario, las políticas de descongestión no han dado los resultados esperados por errores en su diseño, intención loable con altos costos presupuestales, donde se ha urdido una modalidad de clientelismo judicial como de odiosos favorecimientos.
La lentitud en los trámites procesales genera inmensos perjuicios a quienes acuden al sistema judicial para la solución de sus conflictos patrimoniales, violentándose el debido proceso por el incumplimiento reiterado de los términos legales, de obligatoria observancia y elevados a rango constitucional.Ahora bien, cualquier reforma que se discuta debe partir en la eliminación de las facultades nominadoras que no corresponden a la naturaleza propia de la función judicial, incluyendo las de postulación, por cuanto su tarea misional es la de fallar en derecho, con razonabilidad y sentido social, resultando pernicioso cualquier otra función que no sea de carácter jurisdiccional.
Lo anterior para reafirmar, que el actual sistema no genera confiabilidad frente a la sociedad, esperando que lo que se empieza a discutir logre proyectar políticas de racionalización de la oferta judicial, reducir al máximo la congestión, frenar el crecimiento descontrolado de procesos a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cumplimiento de los términos legales, unos procedimientos más ágiles ante la desconfianza de las partes entre sí y ante el funcionario judicial, modificaciones legales, por cuanto la misma ley constituye un factor de congestión y atraso.
Ha llegado el momento de dignificar la justicia, la que está en cuidados intensivos y como tal se debe tratar y no ocultar una realidad dolorosa y palpable, ojala así lo entienda la clase parlamentaria.
ADENDA UNO. Resulta que ahora el régimen del sátrapa venezolano se ofrece como mediador para superar la “crisis” derivada del pliego de cargos contra la campaña presidencial del actual inquilino de la casa de Nariño, se pregunta, ¿mediar qué?, se ha creado un alboroto por una decisión que corresponde a la tarea misional de un organismo que por mandato legal tiene la obligación de vigilar los topes de las campañas políticas en los términos de ley, respetando las competencias cuando se investiga a quien tiene la calidad de aforado.
ADENDA DOS. Lo cierto es que todo este lío que termina con la manifestación presidencial, “que si lo tumban, vamos por el poder“, nos hace pensar que no es más que el inicio de la campaña presidencial del 2026, donde el actual presidente ejercerá como jefe de debate de quién sea ungido candidato de esa fuerza política.Interesante sería para el bien de la nación, dejar tanto desgaste institucional, con un llamado para mayor concentración en las actividades de gobierno , como la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden público en el sur del país, zona de guerra, desprotegida de tiempo atrás. Dos áreas de prioridad nacional que deberían ser atendidas por quién tiene la obligación constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, por encima de los llamados a las marchas de respaldo por un imaginario e irreal golpe de Estado.
Por: J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
