La constitución del 91 definió en su artículo primero lo que debe entenderse por estado social de derecho, sin que ese concepto se haya desarrollado con amplitud para beneficio de la sociedad colombiana.
Lo cierto es, que esa conquista constitucional está en crisis, con demostraciones en la última década, donde sobresale el colapso fiscal, reformas tributarias casi que anuales, con afectación de la clase media, que no tiene quién la defienda, cinturones de pobreza en los grandes centros urbanos, una polarización social que se manifiesta en el actual proceso electoral, las reiteradas protestas y movilizaciones, algunas con apoyo oficial, malestar ciudadano que viene debilitando el estado con grave perjuicio para la tranquilidad ciudadana.
Que no decir frente al gigantismo burocrático para satisfacer la clientela política afín al establecimiento, el cáncer de la corrupción administrativa, desbordada en los momentos actuales, donde la justicia actúa a paso de tortuga, en contra de lo que debe ser una justicia, eficaz, eficiente, pronta y cumplida, como lo establecen las normas superiores.
No es secreto alguno la forma como se presenta el panorama del orden público, cuando la estructura estatal es acosada por fuerzas extrañas al concepto de democracia participativa, el poder del dinero y su infiltración en las campañas políticas, unas fuerzas insurgentes dueñas de territorios donde al estado no le es permitido su ingreso, los paros armados con el confinamiento de la población, la emigración de compatriotas en la búsqueda de un mejor mañana, una justicia tímida, con pérdida de credibilidad ciudadana, vigorosa y fuerte para los débiles, manilarga y ancha para los poderosos en sus fallos en los casos de corrupción oficial, con reclusiones en guarniciones militares, cuando no lo es en sus cómodas mansiones obtenidas con la corrupción administrativa.
Reconocer que estamos en un periodo eleccionario con la exacerbación de todas las herramientas posibles en la búsqueda de las mayorías, con la esperanza que esas mayorías electorales se traduzcan en el progreso colectivo, con políticas incluyentes, regresando por la transparencia, buen gobierno y respeto por el contrincante.
ADENDA UNO. Duele decirlo, pero es lamentable la ausencia de verdaderos líderes, con carácter y coherentes en sus posiciones, características del pasado, no sin antes expresar con nostalgia un hecho irrefutable; la imposibilidad de ejercer en el país la sana política, donde los ciudadanos honestos, con trayectoria profesional, la evitan, abriéndole el camino a una dirigencia azarosa que nos viene gobernando desde años atrás, visible en las jurisdicciones territoriales, a veces a través de cuerpo ajeno, donde lo que menos les interesa es el desarrollo social, van es por su lucro personal y de sus patrocinadores.
ADENDA DOS. Lamentable lo que sucede en la principal empresa de Colombia, como lo es ECOPETROL, en manos de un funcionario cuestionado por sus maniobras no muy acordes con las normas legales, con llamamientos judiciales, con una junta directiva mirando hacia otro lado, desconociendo la real y crítica situación por la que atraviesa.
En mora ese relevo por el bien de la compañía, respeto por sus accionistas, que no tienen porqué pagar las consecuencias de un irregular manejo directivo, bordeando capítulos del estatuto penal.
¿No lo entenderán así el inquilino Presidencial, como la opaca y permisiva junta directiva de cohonestar esas conductas que afectan el buen nombre de la compañía?
(Con motivo de la semana mayor, esta columna regresará el martes 14 de abril.)
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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