Ya es hora de conocer las propuestas de los aspirantes presidenciales en temas de connotación nacional, menos protagonismo, más tesis de gobierno.
Si bien es cierto, el país viene padeciendo un conflicto desde hace décadas donde intervienen fuerzas insurgentes, paramilitarismo, delincuencia común, narcotráfico, bandas dedicadas a la extorsión, generando una inseguridad como fenómeno específico de las realidades urbanas, donde la seguridad al ciudadano debe asumirse como un bien público y un derecho humano básico.
Esa inseguridad se percibe en los grandes centros urbanos y sectores rurales, donde la capacidad de los gobernantes territoriales e instituciones de vigilancia está limitada por la escases de los recursos presupuestales que les permita proyectar planes de seguridad, adquisición de elementos logísticos, en donde la policía nacional debe desempeñar papel fundamental y con la obligación de recuperar la confianza perdida ante la opinión pública por todos los hechos protagónicos a que se ha visto sometida la institución en el pasado.
Por política se seguridad debe entenderse una política integral, que se refleje en las calles, centros comerciales, a las zonas de gran afluencia ciudadana, a la seguridad misma con la que debe contar cualquier persona que habite el país.
No hay duda alguna que el elemento disolvente del bienestar social de los colombianos en el momento actual lo constituye la inseguridad ciudadana, donde el microtràfico, el secuestro, la corrupción administrativa, configuran un clima de excepcional gravedad y de perturbación de la vida cotidiana, sumándose la lentitud de la justicia o la ausencia de la misma para judicializar casos comprobados de violación de la ley, campeando la impunidad, con unos efectos nocivos de desconfianza en las instituciones, con conductas desafiantes de grupos e individuos que llegan hasta el extremo de desconocer a las autoridades legítimas para administrar justicia, que nos hace pensar que estamos atravesando por un periodo de ANOMIA institucional, (caos social).
Ya pasó la etapa de la telenovela de la escogencia de los compañeros de fórmula presidencial, tiempo para exponer con seriedad y altura los programas de gobierno, entre ellos el de la seguridad.
Interesante sería dar el debate para regresar a la figura de la DESIGNATURA, reemplazando la vicepresidencia, figura carente de operatividad institucional.
ADENDA UNO. De manera abierta y sin limitante alguna, la opinión pública observa con asombro la intervención en la política electoral de toda la estructura oficial, empezando por la persona del presidente, con trinos, y clara manifestaciones de apoyo al candidato gobiernista, hasta el punto de reunir la bancada de su partido y movimientos afines en la sede presidencial para discutir las estrategias a seguir para la primera vuelta presidencial.
El descaro institucional es evidente, con un silencio del ente disciplinario, que nos hace añorar la Procuraduría de Mario Aramburo cuando recriminó al presidente de entonces CARLOS LLERAS, por una intervención pública con claro contenido político.
Eran otros tiempos y otros los funcionarios de control disciplinario.
ADENDA DOS. La desconfianza electoral por parte del inquilino presidencial mucho daño le hace al proceso en marcha, al cuestionar un sistema con el cual se hizo elegir, representante, senador, presidente, sin aportar los elementos probatorios que le den veracidad a su dicho, ojalà lo haga en tiempo oportuno, para despejar esos mantos de duda.
Pareciera ser que su ADN, es crear el caos, el desconcierto, la anarquía, cuando su tarea misional es y debe ser, generar confianza, respeto por las instituciones.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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