De congelar los salarios de los altos funcionarios de la tres ramas del poder público como consecuencia de un artículo de la reforma tributaria declarado inexequible por la Corte Constitucional, que pretendía prohibir la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas mineras, resulta conveniente hacer algunas precisiones sobre esta propuesta acogida en principio por su obediente ministro de hacienda.
En los actuales momentos resulta conveniente se dé el debate sobre los elevados sueldos y salarios que perciben algunos funcionarios públicos que originan críticas por la situación fiscal del país frente al ciudadano del común que solo recibe si corre con suerte, un mínimo.
La controversia que se plantea tiene connotaciones hacendísticas debiéndose abordar con toda la rigurosidad técnica, sin apasionamientos, con criterios de buena gestión pública para evitar caer en injusticias que puede terminar con resultados indeseados en materia de eficiencia, hoy de capa caída en el sector público.
En Colombia por mandato legal los funcionarios estatales están clasificados en oficiales y públicos, unos de libre nombramiento y remoción, otros escalafonados en la carrera administrativa o judicial, los públicos vinculados en forma reglamentaria y su régimen laboral es fijado por el Congreso o el ejecutivo, mientras que los vinculados a las empresas industriales y comerciales del estado tiene un régimen laboral similar al que rige para los trabajadores privados.
Esta clasificación no incluye a las nóminas paralelas y los famosos contratos de prestación de servicios que suscribe la administración con el doloso propósito de evadir el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, configurándose la figura del contrato realidad, reconocido jurisprudencialmente como la modalidad que emplea el estado para desconocer unos derechos laborales, hecho de por sí aberrante en un país que pregona buscar la justicia social.
Conveniente hacer claridad que lo que irrita al ciudadano de a pie, el que paga los impuestos, es que toda esa carga fiscal se destine a cubrir la ineficiencia administrativa más preocupada en incrementar la burocracia para satisfacer cuotas de poder, o para que se le apruebe al ejecutivo sus propuestas o reformas de gobierno.
Si hay desigualdades salariales que se corrijan, con objetividad, con altura académica, técnica y fiscal, respetando el conocimiento, el profesionalismo de muchos funcionarios, sin incurrir en abusos o injusticias salariales.
ADENDA: Un amable consejo a los nuevos mandatarios tanto locales como regionales en estos momentos de escogencia de funcionarios para integrar los gabinetes: actuar con independencia, seleccionando ciudadanos que conozcan las áreas sobre las cuales desarrollará las actividades misionales, auscultar, más no consultar.
J.F.Paz Quintero Exmagistrado
