De moda en el momento presente, con defensores y detractores de acuerdo al resultado de las mismas, si le es favorable a un partido, movimiento o aspirante, de inmediato son elogiadas, al contrario, los mal calificados acuden a su reprobación, cuestionando el resultado, hasta el punto de pedir su regulación por el ente electoral.
Ahora bien, la pregunta a formular sería, ¿si las encuestas que nos permite conocer la opinión de los ciudadanos, pueden influir o direccionar al elector al momento de depositar el voto?
La divulgación de las encuestas son publicitadas por los diferentes medios generando efectos sobre los eventuales votantes, de otra manera no tendría explicación los esfuerzos que hacen los candidatos por aparecer en dichos sondeos, haciéndolos conocer cuando les favorecen, originando lo que se ha denominado el voto útil o pragmático, utilizado por aquel votante indeciso que desea participar con un voto ganador, al ubicarse con las preferencias de las mayorías, con la consigna, “si es el que va a ganar, pues votemos por él.”
Los cuestionados sondeos de opinión pueden traer ventajas, dependiendo del uso que los candidatos o partidos hagan de los mismos, sin olvidar la máxima que la verdadera encuesta es la que se divulga a las pocas horas de terminada la votación, siendo lo demás paisaje y especulación.
Recordar la frase años atrás del entonces candidato a la presidencia Álvaro Gómez Hurtado, cuando fue indagado sobre su reacción frente a una encuesta que lo ubicaba en el último lugar de las preferencias electorales de la época, él que era un iconoclasta confesó: “la encuestas son como las rellenas o morcillas inventadas en Boyacá , producidas con la sangre de los cerdos, son muy ricas, pero es mejor no saber cómo las hacen, y quién las paga.»
No se debe olvidar, que en épocas no muy lejanas hizo carrera la fatídica frase del cura rebelde Camilo Torres Restrepo, “quién escruta elige“, etapa que creemos de buena fe esté ya superada, para bien de la paz social y respeto por la institucionalidad, por cuanto lo sano en una democracia es que quién salga elegido, lo sea por la libre decisión del elector y no producto de maniobras o ardides, sin desconocer la urgente necesidad de modernizar el sistema electoral, empezando por la estructura misma del Consejo Nacional Electoral, apéndice de los partidos políticos, como una comisión más del Congreso, si lo que se pretende es independencia y autonomía.
Pero independiente del tema de las encuestas, sirva este artículo para pedirle a los eventuales aspirantes a los cargos de representación popular mayor preocupación por el concepto de la moral administrativa, prioritaria en cualquier escenario público, venida a menos en todas las instancias del poder público, que nos hace pensar que estamos bordeando el concepto del estado fallido, presente cuando se mide el fracaso en los siguientes aspectos: corrupción política como gubernamental, una burocracia insostenible, grupos armados desafiando la autoridad estatal, donde solamente se tiene un control nominal sobre el territorio nacional, en otros términos cuando se percibe la ausencia o el inadecuado ejercicio de la gobernanza legítima.
ADENDA UNO. Informan los diferentes medios de comunicación tanto hablados como escritos la petición de la Fiscalía a la Corte Suprema investigar a 28 congresistas por presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional de Vías, que podría ser aún más escandaloso que el detectado en la unidad de riesgo, (UNGRD).
Lo que espera la sociedad son resultados prácticos por las corporaciones que tienen la competencia para adelantar dichas investigaciones, por cuanto nada nos ganamos con los titulares de prensa sin decisiones procesales de fondo, que nos hace pensar que si la justicia en esas instancias, fuera eficaz y eficiente no se tendría tantos hechos de indelicadezas administrativas por parte de unos abusadores y atracadores del erario.
Es hora de solicitarle a esa cúpula judicial celeridad en las investigaciones, dando ejemplo de lo que se debe entender por una justicia eficaz, eficiente, pronta y cumplida, como lo establece la constitución y la ley estatutaria.
Más actividad judicial, menos protagonismo.
ADENDA DOS. Ante los roces permanentes y desconfianza con la persona que le sirve de fórmula presidencial, es hora de volver a pensar en la figura del Designado a la Presidencia de la República, como el ciudadano encargado de sustituir al presidente en caso de falta temporal o absoluta que existió hasta 1991 con algunas interrupciones.
Ha sido más lo negativo lo que ha generado esta figura, con inmensas erogaciones, que lo positivo en la estructura institucional del país.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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