Imposible negar que de tiempo atrás el país viene padeciendo un conflicto donde intervienen fuerzas insurgentes, paramilitarismo, delincuencia común, narcotráfico, bandas dedicadas a la extorsión, generando una inseguridad como fenómeno específico de la realidad tanto urbana como rural.
Esa sensación de inseguridad se percibe hoy en los grandes centros urbanos y sectores rurales, donde la capacidad de los gobernantes regionales e instituciones de vigilancia está limitada no solo por la escasez de los recursos presupuestales que les permita proyectar verdaderos planes de seguridad, como la falta de apoyo del gobierno central, queja reiterada en el pasado encuentro de gobernadores, sin respuesta por el jefe de estado, que prefirió ausentarse del encuentro, demostrando un total desinterés en abordar este tema de la seguridad ciudadana.
El atraco callejero está a la vuelta de esquina, las actividades clandestinas se hacen cada día más evidentes, sin que se conozcan medidas efectivas para su erradicación, el raponerismo aflora en todas las ciudades, grandes, medianas y pequeñas, configurando un clima de excepcional gravedad y de perturbación de la vida cotidiana.
Por política de seguridad debe entenderse una política integral, que se refleje en las calles, centros comerciales, zonas de gran afluencia ciudadana, a la seguridad misma con la que debe contar cualquier persona que habite en el país, que corresponde a los fines del esenciales del Estado, Constitución Política en su artículo 2, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general… Siendo perentorio el mandato, cuando establece que, las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes…”
Muchas serían las razones por las cuales se han configurado estos fenómenos de zozobra en el diario vivir, donde los gobiernos, incluyendo el presente, no han estructurado una política coherente para atacar esas manifestaciones de violencia urbana, brillando por su ausencia una política de Estado en materia criminal, desconociendo si los organismos del ramo han realizado investigaciones sobre la etiología del delito, para el tratamiento de la delincuencia, o políticas claras para hacerle frente a dichos fenómenos delictivos.
Tarea prioritaria la del gobierno central darle la importancia a la seguridad urbana y rural, tan importante como las mesas de diálogo que se vienen adelantando sin resultados positivos, buscando eliminar en lo posible la angustia que reina en el ambiente social como resultado de la criminalidad en los centros urbanos, como en el área rural.
Estos temas producen mayor efecto en una campaña, que el despliegue desaforado de propaganda, afiches, pendones, vallas, volantes, que fuera de producir contaminación visual y ambiental, nada aportan al debate electoral, pero si un derroche de dinero y dudas sobre el origen de los mismos.
Como quiera que se ha dado inicio a la campaña electoral para renovar en teoría el Congreso de la República y presidencia, reproduzco un comentario realizado por un eminente ciudadano a la puya anterior, al decir que “el próximo presidente de la República será quién restablezca el concepto CONFIANZA Y venda “la convicción que tiene la capacidad de devolverle SEGURIDAD de los colombianos.”
ADENDA UNO. Colombia un país de los grandes contrastes institucionales, mientras COLPENSIONES, entidad encargada de tramitar y administrar las pensiones de los colombianos, otorga de manera diligente ese reconocimiento a un prófugo de la justicia, con revisión de la misma, (papá pitufo) por otro lado, retira ese beneficio de ley, reconocido, cumpliendo los requisitos establecidos en las normas vigentes a inermes ciudadanos que son sorprendidos por ese abuso de la entidad, invocando argumentos sin sustento legal alguno, que bien podría caer en el campo delictual.
ADENDA DOS. La interinidad en varios Ministerios afecta la buena gobernanza en este remate del mandato presidencial.
Reconocer la dificultad para conseguir ciudadanos de bien, con limpia trayectoria profesional y política que deseen formar parte de un gobierno ausente de la realidad nacional, inundado en críticas, tanto de orden político, administrativo, como de naturaleza ética.
Seguramente se acudirá a la puerta giratoria, con funcionarios renunciados, reciclándolos en otras áreas a pesar de haber expresado públicamente no compartir la presencia del subjudice Benedetti en el engranaje presidencial, ahora según los medios de comunicación ungido como nuevo Min interior a pesar de sus enredos jurídicos procesales, en mora de ser definidos por la jurisdicción ordinaria.
Pero, es lo que tenemos.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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