Al vencimiento de un periodo electoral el pueblo puede escoger libremente quién lo gobierne, así como sus voceros en las corporaciones legislativas y administrativas, llámese Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales.
Dispone la norma constitucional “el voto es un derecho y un deber ciudadano“, y como tal debe ser respetado, libre de cualquier coacción, restricción o constreñimiento, que impida su libre ejercicio.
No es conveniente para la débil y poca democracia que nos queda, direccionar un debate electoral en el sentido de dividir al votante en buenos y malos, que quién no esté con el gobernante de turno, se le considera un apátrida, un extremista y atenta contra la estabilidad política de la nación.
No es sano para el país que desde la cúpula del gobierno se utilice su rango y los medios oficiales para ejercer una presión sicológica de considerar como benefactores de la nación y salvadores de la misma a los candidatos que en el actual ejercicio político acompañan al jefe del ejecutivo, descalificando a quienes, ejerciendo un derecho emanado de la misma constitución, buscan el favor popular con tesis y propuestas diferentes a las del establecimiento o críticos del mismo.
La garantía que debe darse en una democracia participativa, es la de que la administración pública sea neutral en los certámenes eleccionarios, no significando con ello, que los funcionarios públicos les esté prohibido tener unos principios políticos, un criterio, una adhesión a un partido político, emitir su opinión en el debate electoral, con su voto y seguramente faltarían a su deber ciudadano, si dejaran de hacerlo.
Lo que se solicita, es que se abstengan de participar e intervenir abiertamente en los procesos electorales, muchas veces abusando de sus cargos, ejerciendo coacciones sobre las gentes humildes de los sectores populares, para que voten en un determinado sentido, so pena de no obtener los beneficios estatales, de servicio públicos, salud, seguridad social, etc.
Que se permita que quienes aspiren a gobernarnos, expongan con toda libertad sus planes y programas de gobierno, otorgándoles todas las garantías, entre ellas las de seguridad, porque no hay duda alguna, que a pesar de los esfuerzos de todos los gobiernos, buenos, regulares y malos, las regiones del país, necesitan carreteras, vías de penetración, hospitales, fomento económico, fuentes de empleo, educación, y mucho más.
Ha llegado el momento de comportarnos con altura y dignidad, para recuperar la democracia, que para bien o para mal, se definirá el próximo año, para bien o para mal repito, pues el origen popular por sí mismo, no garantiza la excelencia en los elegidos, ni el acierto en el gobierno.
Pero esa es la democracia, su esencia, su naturaleza y la debemos respetar y ACATAR.
ADENDA UNO. En el contexto legal colombiano los recursos son medios de impugnación que permiten a las partes de un proceso judicial solicitar la revisión de una decisión judicial, bien para que se modifique, se confirme o se revoque.
La importancia de los mismos, permitir que se garantice el derecho a la defensa y al acceso a la justicia, como la posibilidad de corregir errores judiciales asegurando la correcta aplicación de la ley, dándole a las partes la oportunidad de presentar argumentos y pruebas que de pronto no fueron debidamente analizadas en la decisión inicial.
Significa lo anterior, utilizando terminología deportiva, que el sonado caso judicial que ha acaparado la atención de medios y ciudadanía, va en el primer tiempo.
Todo lo que se exponga respecto al mismo, no deja de ser especulación, hasta tanto se pronuncie la segunda instancia y dicho fallo quede debidamente ejecutoriado, produciendo el efecto jurídico de cosa juzgada.
ADENDA DOS. Desconcertante la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia de no aceptar los impedimentos presentados por aquellos magistrados que recibieron cuotas burocráticas por parte del ex defensor del pueblo, que hoy aspira a integrar la terna para proveer una plaza en la Corte Constitucional.
Mal mensaje que va en contra de la transparencia y del principio de igualdad, que busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos, frente aquel que aprovechando un cargo oficial abusa del mismo para sacar ventaja personal.
Se debe llegar a esas instancias judiciales por el mérito, el conocimiento y no por otros atajos que en nada beneficia la imagen del sistema judicial.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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