Empezar por reconocer la gravedad que tiene la violencia de toda índole en Colombia. El hecho mismo que no se le reconozca, o se le dé largas con políticas sin orientación alguna, significa que no hay una voluntad de combatirla.
Desde todos los enfoques que puede presentar el abigarrado panorama político colombiano se reclama respetar la democracia, en un país tan violento como el nuestro no hay una bandera más popular que la Paz, nadie se atrevería a presentarse en las confrontaciones electorales a nombre de otra causa: democracia y paz son las consignas de todo el espectro político, desde la extrema derecha, hasta la extrema izquierda; nadie resultaría creíble si no las promoviera.
Nuestro país ha llegado a una situación en la que resulta inevitable que los gobiernos de turno, como lo que queda de los partidos políticos se decidan por fin a emprender las reformas económicas y sociales, sin imposiciones ideológicas, que durante años han prometido y evitado.
Y, por su parte, los grupos insurgentes tienen que liquidar sus viejas ilusiones doctrinarias, controlando sus propios extremismos, sólo un camino le queda a la paz: reformas con sentido social, con una justicia al alcance de la sociedad, que actúe de manera imparcial, ecuánime, pronta y cumplida.
Esperemos que, de tanta sangre derramada, de tanto sacrificio inútil, resulte la clara voluntad de luchar por una sociedad justa y en paz.
ADENDA UNO. A propósito de uno de los tantos comentarios presidenciales sin sustento alguno, dejando entrever un manto de duda para las elecciones del 2026, bien vale la pena traer apartes del discurso pronunciado por el ex presidente Lleras Camargo el 8 de diciembre de 1945 en la Escuela Militar de Cadetes, donde declaraba que “sólo creando condiciones políticas muy diversas a las predominantes, en las relaciones de los partidos entre sí y con el gobierno, podría la republica sobreponerse a los golpes de la anarquía y al desorden“, hasta aquí lo dicho por el gran estadista.
Le corresponde al ejecutivo nacional y a sus delegados en los entes territoriales, garantizar que los certámenes electorales 2026, surja limpia y sin tacha la voluntad del pueblo sobre su destino en los años siguientes.
Es indudable que los altos funcionarios del estado, empezando por la persona del presidente de la república, no podrán ser parciales en la lucha de los partidos políticos por obtener el favor popular, y es de esperarse que no se proceda por conveniencia, con criterios de favorecimientos de partidos, grupos o movimientos, debe imponerse el principio de la total y absoluta neutralidad en el sentido que no se puede utilizar el gobierno, el presupuesto de la nación, los vehículos oficiales, y menos aún ejercer coacción, constreñimiento, sobre las gentes humildes de las respectivas jurisdicciones electorales o estimulándolos para que dejen de votar o voten en un determinado sentido.
ADENDA DOS. Una consideración para ser tenida en cuenta en momentos de tanta polarización política, social, como de dogmatismo gubernamental.
El Ejército de Colombia, como parte de las fuerzas militares, es una institución nacional que se rige por la Constitución, leyes de la República, no es propiedad de un gobierno, su misión es la de proteger la integridad del territorio nacional, a la población, sirviendo a la nación, a sus habitantes, y no a un partido político o al gobierno de turno.
ADENDA TRES. Cuando saldrán los primeros fallos de la JEP, otra justicia morosa, dilatada, tardía, con unos costos presupuestales incalculables, que poco le ha reportado al esclarecimiento de la verdad de lo sucedido en el conflicto interno que aún sigue vigente.
Muchos interrogantes para esta jurisdicción surgida con el tan cuestionado llamado acuerdo de paz.
Ojo con la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Está en juego la estabilidad institucional de la nación.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
info@vigueriasculturales.com
