Se llama magistratura a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales se inviste a una persona para que desempeñe determinadas funciones en la administración de justicia, honor que enaltece a quién por méritos, experiencia, transparencia en sus actuaciones, logra escalar unos peldaños para que se le denomine juez o magistrado.
Debo reconocer la tarea realizada para dignificar la justicia en el país, para hacerla creíble ante la sociedad colombiana, que observa con preocupación como la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de justicia viene sufriendo un enorme desgaste por la mora en tomar decisiones en casos que comprometen a parlamentarios por irregulares conductas en el ejercicio de su actividad legislativa.
Lo sucedido recientemente con varios legisladores vinculados penalmente en el atraco a la unidad de riesgo al no decidir si son llamados a responder penalmente, para acudir a la figura de conjueces, desconcierta, máxime cuando algunos de ellos presentaban sus nombres para buscar la continuidad en la rama legislativa.
Inmenso es el daño que le hace a la majestad de la justicia estas actuaciones aisladas de ciertos togados que parecen olvidar que una justicia transparente constituye la base de una sociedad democrática, que solo aspira a que sus jueces actúen con imparcialidad y ejerzan en debida forma, con carácter, la delegación funcional que han recibido del estado.
Lo menos que se puede decir como rasos ciudadanos es que la justicia para este gravísimo caso de corrupción donde intervienen altos funcionarios de estado, algunos de ellos con reclusión intra mural, opere con claridad, prontitud, y no por fungir esa dignidad se constituya en garantía de impunidad, de libertinaje jurídico, que daría pie para reafirmar la existencia de una casta de mayor categoría, donde el concepto de justicia se aplica en forma dispar, caprichosa y subjetiva, según la categoría del infractor.
Ha llegado el momento para que tanto rama judicial, en sus máximas instancias y Congreso (comisión de acusaciones) asuman con seriedad sus funciones constitucionales, cuando de sancionar la corrupción, las indelicadezas, el indebido ejercicio de las funciones y no acudir a las maniobras de reglamento, para eludir una tarea a la que están obligados constitucionalmente
Mal sabor deja la actuación judicial de esa sala de instrucción que debería dar ejemplo de prontitud, de transparencia en sus decisiones, de laboriosidad judicial, en lugar de desplazamientos a eventos o foros que nada tienen que ver con la tarea misional asignada.
Frente a lo anterior, no nos queda otra alternativa que exclamar: oh justicia, oh caos.
ADENDA UNO. Este ha sido un mandato presidencial de protagonismos, de bullicio , de ruido institucional, donde el actor principal es el inquilino de la casa de Nariño, que lo mantiene en primera plana, que responde a su peculiar ego, siendo su último acto gubernamental la millonaria inversión con recursos oficiales en la producción de una pelicular en homenaje al prócer José Prudencio Padilla, se cuestiona su alto costo fiscal cuando se imponen nuevos impuestos, aumento de la carga tributaria para un alto porcentaje de la población, un actor protagonista extranjero con acusaciones de acoso sexual, así como la presencia del presidente en un breve cameo.
Son las contradicciones de un agónico gobierno, invocando crisis fiscal por un lado, por el otro inversiones millonarias para satisfacer un capricho presidencial. Ver para creer.
ADENDA DOS. Varias conclusiones deja la jornada electoral del pasado domingo.
La continuidad de algunos legisladores a pesar de presentar líos con la justicia, aprovechando la pasividad y mora de la instancia judicial en definirles su situación jurídica procesal.
El esperado relevo en esa rama legislativa se retrasa por un período más, por cuanto vuelven los caciques regionales, bien de cuerpo presente o por intermedio de sus áulicos, en otros términos, » la misma harina, pero en diferente costal».
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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