Por: José Ferney Paz Quintero – Exmagistrado
Pasada la campaña electoral, con un nuevo jefe de estado, con la expectativa de una dignificación de los cargos públicos, tan zaheridos en el mandato que expira, es de esperarse que esta rama del poder público ocupe la atención del naciente gobierno, con la designación de un ministro que conozca este tema de estado, por cuanto se ha sostenido que “ la paz tiene un punto de partida y un punto de llegada, que es la pronta y cumplida justicia,” y para ello debe comprometerse con sinceridad a rectificar todo aquello que esté averiado, descompuesto o corrompido.
Si se anhela obtener la paz social, se debe tener una verdadera justicia, la cual no es percibida por el ciudadano del común, constituyéndose en vanas promesas de los gobiernos de turno, con frustradas reformas judiciales, algunas de ellas tratando de ser groseramente negociadas con el estamento parlamentario.
Muchas son las causas que se plantean para un proyecto de reforma; se alude a la deficiencia de los códigos, pero las enmiendas que se introducen no tocan el verdadero problema de la congestión y atraso judicial, donde el estado contribuye a esa congestión, por las exigencias en materia de derechos sociales, desconocidos por las entidades estatales.
De igual manera se dice que está en los procedimientos, pero las modificaciones que se delinean pueden originar una nueva frustración, sino van acompañadas de las apropiaciones presupuestales que implican los nuevos sistemas de la oralidad e informática jurídica.
También se alude a las personas encargadas de aplicarla y se vuelve una y otra vez a designar a quienes hacen mayor cabildeo político y jurisdiccional, desestimando la experiencia profesional y a los estudiosos del derecho.
No olvidar y es la deducción de esta columna, que quienes acuden al debate procesal, solo aspiran a que se les falle sus demandas en tiempo razonable, con equidad y en derecho, con aplicación correcta de las normas sustantivas y procedimentales, ya que son muchos los errores jurisdiccionales a que se ven avocados los usuarios y litigantes por decisiones judiciales que desbordan los textos legales y constitucionales.
No puede hablarse de justicia, cuando el ciudadano y sus apoderados debemos esperar 6, 7, o más años, para obtener una respuesta judicial, que bien puede darse en las primeras etapas procesales o cuando de aceptarse un recurso de alzada no se toman los cuidados necesarios en materia de cuantías y se decide sobre la misma a los años, o cuando se profieren fallos inhibitorios proscritos por la ley, desvirtuando por completo el concepto de justicia pronta y cumplida.
Al gobierno naciente, a su nuevo ministro un solo pedimento: menos justicia protagónica de cámaras de televisión y reportajes de prensa y radio, una acción inmediata que desarrolle una justicia auténtica, imparcial, austera y sobre todo eficaz y eficiente.
Acudiendo al refrán popular “amanecerá y veremos “.
ADENDA UNO. De moda la expresión desobediencia civil, acuñada por un ex aspirante presidencial, vencido en el debate electoral pasado, invocando la triple nacionalidad de su rival triunfante, condicionando el reconocimiento de dichas elecciones, a pesar de haberlas reconocido en comunicado público en días anteriores.
Conveniente recordarle al ex aspirante señor Cepeda, que la desobediencia civil es negarse de forma pública, pacífica y consciente a obedecer una ley, orden o autoridad que se considera injusta, tiene reglas especificas desde que Thoreau la definió en 1849, Tras negarse a pagar impuestos para financiar la guerra contra México y Gandhi y Luther King, la usaron.
Ejemplos clásicos, Gandhi, en 1930. Marcha de la sal, Martin Luther King JR, 1960, resistencia no violenta
Invocar esta figura para no reconocer el resultado de unas elecciones legítimas no es desobediencia civil, es otra cosa y al usar esta tesis no es más que un mal uso del concepto, que bien puede traer graves consecuencias en materia de orden público. NO JUGAR CON CANDELA.
ADENDA DOS. Informan los medios de la cascada de nombramientos, adjudicación de millonarios contratos de manera directa, actuaciones administrativas que buscan amarrar la administración entrante, la pregunta que nos formulamos sería, ¿cuál es el papel de prevención de la Procuraduría General de la Nación, a través de sus delegadas, de la Contraloría General? ¿la razón para no ejercer una severa vigilancia a estos despropósitos?, de un gobierno que se ha caracterizado por desconocer la ley, atropellar la constitución, burlarse de la estructura jurídica estatal, ejerciendo una gobernanza al borde del caos.
Cumplir con las tareas misionales para la defensa y protección de la moral administrativa, es la petición para estos entes, ante los desafueros de un agónico gobierno.
Indignante la posesión de 11 congresistas ,( en teoria) en reemplazo de quienes renunciaron en los últimos dias de legislatura, recibirán salario por 18 dias sin hacer trabajo alguno.
( Abusadores del erario. Pero es lo que se tiene.)
