La pérdida de la confianza en lo público y en sus gobernantes se viene constituyendo en uno de los graves problemas por la que se atraviesa en el momento actual, donde pareciera ser no se percibe una política de estado coherente en materia de orden público, la seguridad ciudadana al garete, voces dispersas en el manejo de las reformas que se tramitan, ejemplo de ello la propuesta del min salud de acudirse a una reforma tributaria para esa área, idea rebatida por su colega de hacienda cuando afirma que son divagaciones sin sustento alguno, nos hace pensar que no existe una coherencia en las políticas de gobierno, que solo genera desconfianza por la forma como se ejerce la gobernanza.
Ahora bien; la nación requiere que su gobernante sea el vocero de la unidad nacional, elegido no para negociar el cumplimiento de la constitución y las leyes de la República, ni para rendirse ante el motín, ni para entregar la soberanía nacional, sino para trazarle al país, a sus gobernados un rumbo que fortalezca la débil democracia existente, un adalid de la política seria, con altura, para hacerse respetar y obedecer, no por vanidad, ni prepotencia, sino porque es el responsable de conducir a una nación aplicando la fuerza combinada con el derecho y la justicia.
Sólo se pide como clamor colectivo, que el estado integrado por sus fuerzas militares y policivas, los organismos de la seguridad nacional, actúen de manera severa y coordinada, para devolverle al país la tranquilidad ciudadana venida a menos, la ola de violencia urbana se acrecienta, con atracos a mano armada en las propias avenidas de los grandes centros urbanos, las pandillas de barrio hacen de las suyas, el micro tráfico es cada día mayor, hechos estos que originan zozobra, miedo colectivo, sin que se demuestre una acción estatal como es su obligación constitucional, bandas muchas veces lideradas para deshonra institucional por miembros activos.
Se está a tiempo de re direccionar la política de Estado en estas materias, para generar la confianza en lo público, para no defraudar a un electorado que votó por un cambio en el manejo de la política nacional.
ADENDA. El marco jurídico existente establece que para acceder a la función pública las personas deberán acreditar los requisitos exigidos para el respectivo cargo, sin los cuales no podrá darse su posesión.
El derecho de los ciudadanos de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, no es incompatible con la exigencia y cumplimiento de los requisitos para ocupar los mismos, de allí que llama la atención como desde el gobierno central se vulneran estos preceptos al rebajar las exigencias para ocupar un cargo en la estructura nacional, caso INVIMA, o para hacer parte de una junta directiva de una empresa estatal como ECOPETROL, embajadores, como de ministros, donde a una filósofa se le encarga del manejo de un área eminentemente técnica como lo es el campo de los hidrocarburos.
Esas actuaciones solo tienen un propósito, facilitar el ingreso de ciudadanos afines al gobierno con mediana hoja de vida, cambios que se realizan prácticamente con nombre propio, no importa si cumple con los requisitos para la actividad misional.
La función pública sometida a una Capitis deminutio, donde el ejecutivo es su principal promotor.
J.F. Paz Quintero Exmagistrado
