Pretende el gobierno nacional a través del cuestionado Minhacienda en mora de dar las explicaciones ante la justicia por los graves señalamientos de que ha sido objeto en el sonado caso de corrupción de direccionar partidas presupuestales para obtener apoyos parlamentarios en favor del ejecutivo central, presentar una nueva reforma tributaria o de financiamiento, para tapar el hueco fiscal ocasionado por la opulencia derrochadora, el incremento de la burocracia tanto interna como externa, la enorme publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, gastos profusos, como una corrupción generalizada con investigaciones a media marcha que nos hace pensar que será otro episodio de total impunidad.
El ciudadano de a pie se pregunta, si en lugar de gravar con más impuestos que sobrepasan los más de 70 entre nacionales, departamentales, distritales, como municipales, se racionalizara la enorme burocracia que abunda en todas las entidades territoriales, entes que podrían funcionar con menos empleados, con justos salarios, oficinas muchas de ellas atiborradas con funcionarios ajenos al concepto de administración pública, cuotas políticas para cumplir compromisos adquiridos, hacen que la estructura estatal sea demasiada complicada, ineficiente, y generadora de corrupción.
No es ajeno el concepto que define al burócrata, como un experto intrigante a sueldo, muchos de ellos paseados por todas las dependencias de las entidades públicas, especializados en no hacer nada, intocables por los padrinazgos políticos que los protege, a quienes solo les obedecen, sin sentido de pertenencia hacia la administración pública.
¿Qué no decir frente a la cascada de organismos descentralizados, las nóminas paralelas, estructuras burocráticas que no cumplen con el real concepto de burocracia? que se refiere a una forma de organización que pretende obtener precisión, claridad, y eficiencia en las tareas asignadas para el logro de los fines estatales, que nos hace recordar a Max Weber como el pionero de los procesos administrativos.
Lo anterior para sostener, que si el estado entrara en unos serios procesos de racionalización, de reestructuración administrativa con voluntad política para esos procesos de cambio, de eliminación de nóminas paralelas, de entidades sin funciones, control a los viajes al exterior con elevados viáticos, que a la postre constituyen factor salarial, de la cantidad de escoltas para proteger a muchos ex funcionarios que lo dejaron de ser meses o años atrás , convertidos muchos de ellos en sus mensajeros personales, con carros blindados, uso de celulares, beneficios extendidos a miembros de sus familias, seguros estamos que no se necesitaría de reforma tributaria alguna, donde se castiga a la clase popular, a los profesionales independientes, sólo se necesita la voluntad del gobierno para recortar esos exagerados gastos del estado que desangra el presupuesto nacional al que contribuimos todos.
Ahora bien, reconocer la existencia de un sin número de organismos oficiales que no responden al concepto de administración pública, que han demostrado su total ineficiencia, con ausencia de manuales de funciones e índices de rendimiento, manejadas con criterio clientelista, orientadas por políticos cercanos al gobierno de turno, denunciadas por actos de corrupción donde los entes de control poco se asoman o miran para otro lado para no incomodar al político de turno que contribuyó en la elección de quienes dirigen esas instituciones.
¿Qué no decir de otras entidades, como la contaduría y la Auditoria generales de la nación, entidades que solo reprocesan información de los ministerios, pero que le cuestan a la nación miles de millones de pesos anual para su funcionamiento?
Nos haríamos interminables en esta columna relacionando las entidades como organismos que no le prestan servicio alguno a la institucionalidad, pero que le generan al país sumas billonarias para la pobre tarea misional que desempeñan, que merece una sana reflexión respecto a la inmensa cantidad de dinero del erario que no cumplen con una verdadera función social, sin contar con las ciclópeas sumas que se lleva la corrupción en todas sus manifestaciones que nos genera serios interrogantes cuando el gobierno alude a reformas tributarias o maquilladas con otro nombre con el fin de obtener mayores recaudos para el fisco nacional.
Reconocer que es obligación de todo ciudadano el pagar los impuestos, si se desea llevar una vida social civilizada que, al decir de Thomas Hobbes,”el impuesto es el precio de la paz,” o la de Voltaire, “pagar impuestos significa invertir una parte de nuestro patrimonio para conservar la otra,” pero le agregaría, atendiendo sanos criterios de equidad, razonabilidad y justicia social.
ADENDA UNO. Lo de Venezuela no es más que el manejo torticero y delincuencial que utilizan cualquier método, incluyendo la farsa electoral para perpetuarse en el poder.
La posición del estado colombiano deja muchos interrogantes, que nos hace concluir que, en lugar de defender la libre expresión popular de un alto porcentaje de la población venezolana, acuden a una declaración conjunta con otros mandatarios afines al Sátrapa, donde se asume una aptitud ambigua, con la reciprocidad del usurpador con expresiones de alabanza para el inquilino de la casa de Nariño.
ADENDA DOS. Lo que está sucediendo en el hermano país, sirva de antecedente para los próximos certámenes electorales en Colombia, incluyendo la presidencial del 2026.
OJO AVISOR.
ADENDA TRES. Medalla de oro y de plata para la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría organismos con nóminas agigantadas que constituye la causa de la puja de los partidos por obtener su dominio, que bien podrían funcionar con una tercera parte de su planta de personal, al igual que la defensoría del pueblo, que seguramente será cooptada con candidato (a) de las entrañas de la casa presidencial.
Por: J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
