Momento para abogar por el usuario que acude al sistema judicial en la solución de sus asuntos jurídicos, ese ciudadano de a pie que solo pide que su proceso sea fallado en derecho, con equidad y oportunamente.
Permanentemente ese usuario se pregunta, ¿por qué mi proceso tan demorado?, ¿por qué no avanza?, ¿se indaga al juzgado a través de sus apoderados y se responde está a despacho?
¿Qué hacer entonces? Se debe desvirtuar la creencia que los procesos son eternos, que la congestión agobia las oficinas judiciales, se invocan las limitaciones logísticas, como presupuestales, cúmulo de trabajo, justificaciones que se dan para retardar el trámite de los procesos en las diferentes jurisdicciones, unas valederas, otras no tanto.
Lo cierto es que dichas explicaciones no se le pueden trasladar al usuario que no está pidiendo un favor, sino exigiendo el cumplimiento de unos postulados constitucionales como legales que se refieren al debido proceso, orientados a garantizar una justicia eficiente, eficaz, pronta y cumplida.
Es claro el marco normativo, el artículo 228 de la Constitución reza: “la administración de justicia es función pública”, la ley estatutaria de la justicia establece el principio de la celeridad” la justicia debe ser pronta y cumplida, disposiciones civiles: “el juez debe velar por la rápida solución de los conflictos, adoptando las medidas conducentes para impedir la parálisis de los procesos”.
Si bien se debe destacar la loable tarea de la mayoría de los jueces y magistrados en el cumplimiento de la tarea misional, no menos cierto lo es, respecto a la morosidad, la negligencia desinterés de algunos despachos, donde se desconocen los términos legales, el atraso en las decisiones es la constante, la morosidad para proferir los autos de trámite de obedecimiento y cúmplase en los procesos provenientes de la instancia superior, la entrega de títulos causando perjuicios patrimoniales a las partes, el incumplimiento injustificado de diligencias programadas, el aplazamiento de las mismas, sin contar con el cierre de la mayoría de los despachos por la vacancia judicial de fin de año, semana santa, el día de la rama, cambio de secretario, desconceptuando el carácter de función pública permanente de la justicia.
Es el momento de volver por la credibilidad de las instituciones de justicia, ante los bajísimos índices de aceptación ciudadana, reconociendo que esa morosidad atenta contra la paz social que tanto anhela la sociedad colombiana.
ADENDA: A dos años del vencimiento del periodo presidencial, ya más de 50 ciudadanos “suenan” como posibles aspirantes a la casa de Nariño.
Hay precandidatos para todos los gustos, con poca experiencia, con lo público, ex congresistas, ex alcaldes, que solo buscan visibilidad y reconocimiento, amparados en el postulado del derecho a elegir y ser elegido”, dando pie para que cualquier ciudadano se pueda candidatizar.
La mayoría de estas aspiraciones se hacen como calibrador de otras aspiraciones, para ellos hacer ruido les resulta importante, seguramente con el correr de los días saltarán muchas Reginas y Goyeneches.
ADENDA DOS: Interesante conocer la inquina , la aversión, la mala voluntad del jefe de estado contra las instituciones judiciales ,las comunicadoras mujeres.
Un presidente es ungido para unir , no para agraviar.
Por: J.Ferney Paz Q – Exmagistrado
