Con la elección popular de Alcaldes, Gobernadores, Diputados, Concejales, Ediles, se creó una situación nueva en la estructura política administrativa del país, como para el desarrollo de las luchas partidistas en el buen sentido de la palabra.
Se pretendía con este cambio político electoral, hacer más viva la democracia y menos mediatizada por el poder del dinero y de los medios de difusión, muchos de ellos controlados por los caciques en las pequeñas comunidades.
Se procuraba además buscar eliminar los métodos y costumbres clientelistas que resultan inadecuados cuando se trata de hacer campañas políticas, que tendrían inevitablemente que basarse en soluciones prácticas, de necesidades concretas, principios estos que solo se quedaron en teoría por lo demostrado a lo largo de estos años, donde ha imperado la compra de votos, la trashumancia, la corrupción de un alto porcentaje de los elegidos, el mal manejo de los presupuestos territoriales, la elección en cuerpo ajeno de mandatarios que se niegan a perder el poder en sus jurisdicciones, en buen romance una ausencia total de moralidad electoral.
Lamentablemente fueron muchos los aspirantes, hoy elegidos, cuyo pasado laboral no ha sido el mejor, con investigaciones disciplinarias y penales, por el manejo irregular de una cualquiera entidad estatal, que seguramente terminarán con decisiones judiciales que obligaría a convocar a unas elecciones atípicas, con erogaciones que bien podrían ser destinadas al beneficio colectivo, cuando lo podría reemplazar quién le siga en votación.
La corrupción viene amenazando la institución de la elección de alcaldes y gobernadores, las frecuentes denuncias de malversación de fondos públicos por estos funcionarios, ha dado inicio a que se escuchen voces que reclamamos una urgente regulación de esta figura, para que no se sigan utilizando los recursos públicos como si fueran de su bolsillo propio.
Ya este certamen electoral ha culminado para bien o para mal de la democracia existente, pero sin olvidar la urgente necesidad de sanear la política, la que será imposible hacerla si los ciudadanos no toman conciencia del valor del voto, de la importancia que tiene el sufragio cuando es depositado por gente decente, y sancionar, negándosele a quienes le hayan fallado a la voluntad popular.
El día en que la política sea mejor, debidamente saneada en sus dolosas costumbres, Colombia será un país diferente.
ADENDA UNO: Mientras la congestión y el atraso campean en los despachos judiciales, fallos a destiempo, el formalismo procesal pan diario, desconociéndose el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial, donde los errores jurisdiccionales se han convertido en algo rutinario, los pobres resultados de las políticas de descongestión por fallas en su diseño, los llamados para una urgente reforma estructural de la justicia para hacerla eficiente, eficaz, pronta y cumplida, los medios informan de una erogación presupuestal de $ 1.800.000.000 para la Corte Suprema de Justicia que serán destinados a proveer cargos transitorios hasta el 15 de diciembre en dicha corporación.
Mientras se incrementan los cargos en esa entidad judicial, los juzgados de base, tribunales, siguen clamando apoyo logístico para cumplir la tarea misional.
¿Tendrá justificación ese millonario gasto presupuestal, solo para satisfacer los apetitos burocráticos de los magistrados de esa Corte?
¿En qué se beneficia el usuario, el litigante, cuando lleva esperando meses, años decisiones a sus demandas?
ADENDA DOS: Frase del maestro filósofo Darío Echandía para que sea tenida en cuenta por los elegidos el domingo pasado: “En política se puede meter las patas, más no las manos”.
ADENDA TRES: Que interesante para la paz social del país si desde la presidencia se le diera una lectura correcta al panorama político de la nación, empezando por lo que sucedió en la ciudad de Bogotá.
Por J. F. Paz Q. Ex magistrado
