Por: José Ferney Paz Quintero
Cierto es que en nuestro país desde hace varias décadas viene padeciendo un conflicto donde intervienen delincuencia común, paramilitarismo, narcotráfico, bandas dedicadas a la extorsión, generando la inseguridad como fenómeno específico de las realidades urbanas y rurales en todo el territorio, seguridad ciudadana que debe asumirse como una forma de bien público y un derecho humano básico.
Confiamos en que la nueva administración asuma ese compromiso electoral y lo cumpla a cabalidad, por cuanto la sensación de inseguridad se percibe hoy en los grandes centros urbanos como en los sectores rurales, donde la capacidad de los gobernantes territoriales, y las instituciones de vigilancia estuvo limitada en el cuatreño que expira, sobre todo en materia presupuestal que les permitiera proyectar verdaderos planes de seguridad, como la adquisición de elementos logísticos para ejercer en debida forma su actividad misional.
Se podrían exponer muchas causas por las cuales se han configurado estos fenómenos de zozobra en el diario vivir, con una crítica a los gobiernos por la omisión en la estructuración de una política coherente para atacar estas manifestaciones de violencia urbana, brillando por su ausencia una verdadera política de estado en materia criminal.
Creo no exagerar al afirmar que el elemento disolvente del bienestar social de los colombianos en el momento actual, lo constituye la inseguridad ciudadana, donde el micro tráfico, el secuestro, la extorsión, la corrupción administrativa, configuran un clima de excepcional gravedad y de perturbación de la vida cotidiana, sumándosele la lentitud de una justicia o la ausencia de la misma para judicializar casos comprobados de violación de la ley, campeando la impunidad con unos efectos nocivos de desconfianza en las instituciones, alimentando las conductas desafiantes de grupos e individuos que llegan hasta el extremo de desconocer a las autoridades legítimas para administrar justicia, que me hace regresar a la tesis expuesta en columnas pasadas de estar atravesando por un periodo de anomia institucional. (Caos social).
Abrigamos la esperanza que el gobierno que se inicia el 7 de agosto a las 3:00 pm, recoja ese clamor ciudadano, de devolverle al país la tranquilidad y el sosiego social, con una revisión a fondo del sistema carcelario, en la búsqueda de una concepción de la reclusión como escuela de reeducación y trabajo mancomunado entre gobierno, legislativo y judicial.
El primero con verdadera políticas de estado en materia criminal, el segundo con leyes y normas acordes con la situación social del país, y la tercera con la aplicación correctas de dichas normas con equidad y razonabilidad.
ADENDA UNO. Reconocer que aspirar a que una nación, un país, logre obtener una sociedad donde todos se encuentren satisfechos no es más que una utopía, por cuanto existirán países, regiones abandonadas a su propia suerte, inseguras, con pobreza, hambruna, que hace imposible encontrar ese bienestar social, pero a pesar de ello, es la misión del gobernante trabajar para buscar ese equilibrio, gobernar para todos, sin exclusión alguna, recordar que el que gana unas elecciones debe decidir con criterio de estado, no con criterio de campaña.
ADENDA DOS. La democracia colombiana o la poca que nos queda se reafirma los 7 de agosto de cada cuatro años, ese día el presidente deja de ser de un partido o grupo que lo avaló y pasa a ser presidente de 50 millones, sin pasar factura de campaña con los que no votaron por esa propuesta.
A propósito del cambio de gobierno, no tiene presentación alguna el desaforado afán contractual de la extinta administración que supera billonarias sumas presupuestales, que demuestra la forma como se nos gobernó, con un criterio de grupo, favoreciendo intereses partidistas, sin considerar los nombramientos en el servicio exterior.
Lo anterior nos reafirma el desinterés de lo que debe entenderse por buen gobierno , ausente en los últimos cuatro años.
*Ex magistrado
