Por: José Ferney Paz Quintero – Exmagistrado
Se inicia este 7 de agosto, a partir de las 3:00 p. m., fecha en que se conmemora la gesta libertadora, un nuevo gobierno que ojalá se traduzca en una eficiente gobernanza. Entiéndase esta como el conjunto de procesos, reglas y prácticas mediante las cuales se dirige, gestiona y regula una organización social o un Estado, a diferencia del gobierno que expira, vertical y autocrático. Una gobernanza que deberá fomentar la colaboración entre el sector público, el mercado y la sociedad civil.
Ojalá la naciente administración desarrolle el concepto de Estado social de derecho, principio consagrado y definido en la Constitución de 1991, que ha prometido acatar y defender frente a las arremetidas del actual inquilino presidencial de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
La gran verdad es que la figura constitucional no se ha desarrollado para el beneficio colectivo, pero su punto más álgido se presenta en la última década, caracterizada por un desmoronamiento fiscal y reformas tributarias casi anuales. Se anuncia, como regalo de despedida del agónico mandato, otra reforma que será radicada el 20 de julio, siendo lo lógico dejar en manos del nuevo gobierno estos aspectos tributarios, donde los más afectados son la clase media e independiente, los cinturones de pobreza en los grandes centros urbanos y una polarización ciudadana que se hizo evidente en la reciente contienda electoral.
No hay duda de que todo ese malestar social ha contribuido al debilitamiento del Estado y a la desconfianza en el estamento político, en gran parte debido al gigantismo burocrático para satisfacer la clientela política, acrecentado en la actual administración con los llamados contratos de prestación de servicios, que representan millonarias sumas presupuestales.
Lo cierto es que la política del futuro será diferente, como lo demostró la pasada elección presidencial, de la cual salió ungido como nuevo jefe de Estado un aspirante por fuera de las componendas políticas tradicionales.
Lo que nos debe interesar como sociedad es que el mandato que se inicia en días propenda por el progreso colectivo, con políticas incluyentes, regresando a la transparencia y al buen gobierno. Recordando, al estilo de Borges: “Nadie es patria; todos lo somos”.
ADENDA UNO
La viudez de poder pareciera estar sufriéndola el actual inquilino presidencial, con sus trinos diarios y cuestionamientos al sistema electoral del cual se ha beneficiado, hasta el extremo de dar como nuevo presidente al aspirante perdedor, sin ser autoridad electoral.
Este término es una metáfora que se utiliza mucho en la ciencia política electoral y en el periodismo colombiano.
¿Qué significa? Quedarse sin poder después de haberlo tenido. Es la sensación de vacío institucional, político y personal que siente una persona, partido o grupo cuando pierde el poder que ejercía, haciéndolo a su antojo y desconociendo todas las reglas de buen gobierno y de protocolo.
Regresar a la arena política con una oposición seria y coherente sería el consejo que se les daría a los gobernantes cuando hacen dejación del mando.
ADENDA DOS
Se viene agitando un debate insulso sobre la posesión del nuevo presidente, queriéndola realizar en una guarnición militar, como homenaje a las Fuerzas Armadas, tan manoseadas en el actual régimen.
Ahora bien, no es un capricho del nuevo jefe de Estado, pero tampoco se puede cambiar porque sí.
Todo depende de lo que establece la Constitución en su artículo 138: “El Congreso se reunirá en sesión solemne el 20 de julio de cada año (…) y el 7 de agosto para dar posesión al presidente de la República”. Es decir, la regla general está fijada en la Constitución.
Se puede cambiar de sitio, pero con condiciones excepcionales: seguridad, orden público, calamidad o pandemia. Ejemplo de ello fue el año 2020, por la COVID-19, cuando se realizó con aforo reducido.
No puede ser por simples motivos, pues se vería como un capricho presidencial.
Como la posesión la da el Congreso, significa que no la decide unilateralmente el presidente electo. Si impone el cambio de sede sin acuerdo con el Congreso, estaría desconociendo al órgano que constitucionalmente le da posesión y afrontaría problemas de validez.
La pregunta es: ¿se justifican todos estos enredos logísticos y legales solo por cumplir con un simbolismo?
Si lo que se pretende es rendir un merecido homenaje a las Fuerzas Militares, hay otros espacios; uno de ellos, un capítulo especial en el discurso de posesión.
No olvidar que a esa ceremonia asisten jefes de Estado y delegaciones extranjeras que merecen una protección especial, sobre todo en materia de seguridad.
A veces nos enredamos en cosas menores, dejando de lado las de mayor importancia, sin considerar los costos que debe asumir el erario.
Momento para demostrar austeridad fiscal.
