El título de esta columna se refiere a una determinada manera de comportarse que debería caracterizar a los gobernantes, como a la clase política tan cuestionada en los momentos actuales, con bajos índices de favorabilidad, preocupante para el sostenimiento de la precaria democracia participativa.
El país pasa por momentos difíciles tanto en su gobernanza, como en el proceso político, con una polarización que en nada favorece la concordia nacional, sumado a los reiterados hechos que a diario se vienen denunciando, de corruptela, de falsedades, manejo indebido de los dineros públicos, una contratación amañada, direccionada a favor de unos cuantos, transgresiones del estatuto penal donde las investigaciones se quedan sin sanción alguna por la pasividad de una justicia que pareciera mirara para otro lado, nos hace pensar con mucha razón que en estos últimos años el manejo político administrativo han sido negativos para el desarrollo colectivo, con un agravante, la inacción social ante el permanente maltrato que venimos padeciendo por parte de una clase dirigente, como del estamento oficial , al tratársenos con un irrespeto permanente.
En un país como el nuestro donde la corruptela se enquista en las altas esferas gubernamentales, la gran afectada es la POLÍTICA, objeto de una severa desafección social por parte de los eventuales electores, todo por las conductas de unos avivatos acostumbrados a actuar como malandrines y abusadores de la confianza pública.
La sociedad colombiana aspira a que sus voceros, los que nos van a representar y gobernar a futuro, los que someterán sus nombres en las contiendas electorales del 2026, sean ciudadanos de bien, honradas, decentes, con experiencia en lo público, que utilicen la verdad sin sofismas de distracción e incluso en casos extremos para el bien de la gobernabilidad, no duden en tomar las medidas que más le convenga al país, por impopulares que sean, como clara demostración de su talante de gobernante.
A tiempo de devolverle a la política la dignidad perdida, como una profesión de servicio público, dignidad que se obtiene cuando se gobierna o se actúa con decoro, con transparencia, con alta dosis de excelencia en lo moral y ético, que deben ser las características de quién ejerce la actividad política, por cuanto es el vocero, nuncio del interés general.
Un gobernante se hace digno por la ética, la que no es negociable, con la dignidad no se trafica. Recuperar estos valores extraviados en los últimos años, debe ser el propósito de la sociedad colombiana.
ADENDA UNO: De suma importancia para los votantes resultaría conocer que piensan y nos expusieran las posibles soluciones a los factores generadores de violencia, en especial con el conflicto armado y la delincuencia común que viene azotando a las comunidades de una gran parte del territorio nacional, que constituyen elemento disolvente del bienestar nacional, que no es más que la creciente inseguridad ciudadana, tanto en las poblaciones urbanas como rurales.
Más que diatribas y expresiones coloquiales de ser un buen candidato, constituye obligación de esos aspirantes presentar sus programas e ideas de gobierno, en materia de empleo, vivienda digna, educación, seguridad, y no ubicadas con criterio mercantilista electoral.
A los aspirantes un elemental consejo: no se preocupen por la campaña del contendor, hagan su propio trabajo político, sin utilizar mecanismos de desprestigio, de la conseja, el rumor y las encuestas con sesgo de favoritismo que mucho daño le hacen al proceso electoral.
ADENDA DOS: Las campañas políticas dan para todo cuando de buscar votos se trata, afirmación que se confirma con la propuesta gubernamental expuesta por el dimitente min justicia, que en mala hora fue ungido como tal, de una Asamblea Nacional Constituyente, en pleno periodo electoral, con una motivación que no corresponde a la realidad nacional.
El país requiere con urgencia el desarrollo de temas prioritarios, como los de salud, pensiones, infraestructura vial, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, y no caer en el desgaste institucional que solo busca beneficiar intereses partidistas del agónico mandato presidencial.
En un estado de derecho, la acción estatal debe regirse en la subordinación de todo poder ante el orden jurídico vigente, de allí que resulta interesante recordarle al ejecutivo central el pensamiento del jurista austriaco Friedrich Hayek, defensor de los principios liberales, cuando expresaba que “el gobierno está vinculado por normas fijadas y publicadas de antemano, normas que hacen posible prever con bastante certeza, como usar la autoridad sus poderes coercitivos en determinada circunstancias y planear los asuntos de los ciudadanos.”
Antes que promocionar una asamblea constituyente, la tarea es reglamentar la existente, capítulos y apartes constitucionales que requieren su desarrollo institucional. Lo demás es paisaje.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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