A propósito de la idea gubernamental de apoyar una asamblea popular constituyente, resulta conveniente recordar el origen de la Constitución del 91 que reformó la del 86, que, con todos sus efectos, era una obra jurídica coherente y de gran contenido conceptual, con las modificaciones del 36, 45, y 68.
Tres fueron los factores: El desprestigio del Congreso de la República y la necesidad de introducirle cambios radicales a su estructura y funcionamiento legislativo, la falta de credibilidad del sistema judicial, buscando para ello, hacerla ágil, eficaz, eficiente, pronta y cumplida, el narcotráfico como factor de corrupción y perturbación de la paz y tranquilidad ciudadana.
Han transcurrido 34 años y la pregunta que se formula el ciudadano de la calle, es si el país ha experimentado cambios sustanciales en su sistema judicial; la paz social que se anhela reposa en una justicia pronta y cumplida que desde muchos años no la tenemos, se alude a la deficiencia de los códigos, pero no se emprende su revisión con la seriedad jurídica requerida, se dice que está en los procedimientos, pero no se corrigen para hacerlos más expeditos, se dice que está en las personas encargadas de aplicarla pero una y otra vez se designan a quienes hacen mayor cabildeo político, desestimando la experiencia profesional y estudiosos del derecho.
Lo que los colombianos necesitamos no es una justicia protagónica, de cámaras de televisión, sino una con acción inmediata, para crear una auténtica, imparcial, austera y sobre todo eficaz, eficiente, pronta y cumplida, como lo preceptúa la constitución y la ley estatutaria.
La congestión y atraso judicial campean en los despachos, la denegación de justicia, pan diario, que lesiona al usuario y al abogado litigante, los errores judiciales se constituyen en materia rutinaria, los fallos inhibitorios se producen después de muchos años para una decisión de fondo, y lo más deprimente, la guerra de poder y de vanidades entre las altas cortes.
Imposible desconocer a la inmensa población que no recurre a la justicia ordinaria, porque no cree en ella, porque los procedimientos y formalismos le resultan extremadamente dispendiosos, por el cúmulo de procesos con decisiones dilatadas o por tantas razones que el acceso a la justicia se considere casi imposible.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que seguimos con los mismos males y algo habrá que hacerse para que se le devuelva la confianza a la sociedad colombiana, con una reforma estructural a la más importante e infortunadamente menos eficaz de nuestras instituciones fundamentales.
Ahora bien, a este desencanto judicial se le suma una indiferencia gubernamental al tener un ministerio de justicia en interinidad a cargo de un funcionario cuestionado por actuaciones profesionales del pasado.
ADENDA UNO: Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 Colombia escribió una de las páginas más tristes y sangrientas de su historia republicana, la toma del Palacio de Justicia por parte de un comando del entonces M19, la mayoría indultados y amnistiados como una solución política al conflicto que se vivía en la época.
Cuatro décadas después el país sigue lamentando la pérdida de vidas y la calidad de los juristas allí sacrificados, generación de jueces que representaban una forma de pensamiento y una visión diferente de lo que debe ser la rama judicial para el desarrollo de una nación, a diferencia de lo que hoy se percibe en estas altas corporaciones, algunos de sus miembros cooptados por círculos políticos con un alto grado de desaprobación ciudadana.
Un recuerdo para esa pléyade de jueces juristas que dejaron una profunda huella hasta ahora difícil de cubrir.
ADENDA DOS: Como quiera que estamos en pleno periodo preelectoral, valdría la pena si queremos tener paz política, por aceptar las diferencias, por cuanto no todos podemos pensar en idéntica forma, reconociendo el derecho fundamental al disenso, a diferir, dejando de lado el discurso autoritario, que consiste en que el emisor no puede siquiera imaginar que alguien piense distinto.
ADENDA TRES: Se cumple un año mas del fallecimiento de un auténtico liberal como lo fué Horacio Serpa Uribe, hombre de estado, incansable luchador por la paz de los colombianos y fiel exponente de la doctrina liberal, dejando un vacio en esta época donde el pais requiere de líderes que defiendan la institucionalidad y el concepto de lo que debe entenderse por estado social de derecho. Una evocación para el amigo y jefe de partido.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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