A propósito de las dilatadas investigaciones contra ex funcionarios públicos por parte de la Fiscalía y Corte Suprema a pesar del acervo probatorio que pesan sobre los mismos, sus onerosas defensas acuden a la argucia tratando de disfrazar ante la opinión unas conductas proclives como si fueran de poca monta, sorprendiendo cómo aquellos que son denunciados e investigados por manejos irregulares de dineros públicos cuando ejercían funciones oficiales, receptores de coimas, implicados en actividades ilícitas, defraudadores del fisco, acuden al sofisma distractor de ser perseguidos políticos, tratando de justificar que la acción de la justicia ordinaria está sustentada en una persecución ideológica.
Lo que se pretende es falsear unos hechos notorios, vendiendo la errónea idea de ser perseguidos por sus contradictores, cuando en realidad no son más que unos abusadores del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal, personajes que se roban los dineros destinados para las obras públicas, la salud, la educación, la seguridad social, sostenimiento de los hospitales públicos, la mayoría de ellos cerrados, o para programas de alimentación escolar.
La realidad es otra, son investigados por la justicia ordinaria por ser DELINCUENTES COMUNES, ladrones de cuello blanco, corruptos, asociados a carteles de testaferros, con defensas jurídicas que buscan darle un giro a los procesos distante de la realidad jurídica, a quienes les debe caer el peso de la ley, aplicada con rigurosidad, tarea para los estamentos judiciales que les permita recuperar la confianza perdida, rastreando sus patrimonios, con decisiones oportunas, como lo preceptúa la normatividad vigente.
Por perseguido político debe entenderse aquellas personas que aunque no están alzadas en armas, son asediadas y perseguidas por esos movimientos insurgentes, o por el régimen de turno, por sus ideas, obligados a buscar el exilio para salvar sus vidas o la de sus familias.
Llama la atención la forma descarada como se presentan ante la opinión, recorriendo plazas públicas, o ejerciendo altas posiciones, entre ellas funciones delegatarias, con investigaciones pendientes, todo por la morosidad de sus jueces competentes en finalizar los respectivos procesos, cuando lisa y llanamente no son más que delincuentes rasos, agazapados en la administración pública o cuerpos colegiados, que han infringido la ley y como tal vienen siendo procesados.
Cómo no aludir a los verdaderos perseguidos políticos en las dictaduras militares en América del sur, en el Brasil, con el golpe de estado contra Joau Goulart y la dictadura de Castello Blanco hasta 1985, o a la persecución política contra el líder de los “ tupamaros “ en Uruguay José Mojica condenado a 14 años de cárcel, recuperando su libertad y posteriormente presidente de su país, o a la persecución a Mandela, activista contra el Apartheid en Suráfrica condenado a 27 años de prisión en el famoso proceso de Rivonia, juicio que tuvo lugar en Pretoria.
No puede entonces confundirse la noción de perseguido político por razón de sus ideas y acosados por un régimen, con aquellos que atracan al estado, abusando de sus funciones en beneficio personal o de sus áulicos de turno, como sucede con un ex funcionario del actual gobierno, hombre de confianza del inquilino de la casa de Nariño, ex director de una dependencia presidencial, y de los servicios de inteligencia, procesado por ser el cerebro de la compra de conciencias a parlamentarios buscando el apoyo para temas de gobierno.
ADENDA UNO. La orden de Boyacá, la máxima condecoración civil en Colombia se otorga a oficiales militares y civiles colombianos destacados por los servicios excepcionales a la patria o a la humanidad.
Sorprende entonces que sea el mismo presidente que anuncie en su red favorita que está dispuesto a entregarla a uno de sus subalternos, que lo único que ha demostrado es ser un verdadero burócrata, detentador de altas posiciones del estado con amigos cercanos, responsable del caos de la salud en el país, y de las intervenciones mal diseñadas a ciertas EPS, como lo reseñó la Corte constitucional en el caso de Sanitas, que nos hace pensar que se está llegando a unos grados de degradación de los asuntos de gobierno, donde prima la voluntad de un gobernante, aunque se atente contra los intereses generales de la nación.
ADENDA DOS. Se anuncia la presentación de un proyecto de ley que busca abrirle espacio a capos de bandas criminales, a cabecillas de grupos armados y a desertores de procesos de paz, elaborado por el Min justicia, funcionario que pareciera fue ungido para ser el verdugo de la constitución política, por cuanto en las pocas semanas de su ejercicio ministerial viene proponiendo tesis contrarias al ordenamiento jurídico, desde una constituyente sin pasar por el Congreso, hasta este polémico proyecto, que seguramente dará para un gran debate nacional.
ADENDA TRES. Salamina Bicentenaria, publicación que enaltece a esta ciudad luz y cuna del paisaje cultural cafetero, con valiosos escritos, entrevistas, como unas formidables fotografías de sus casas, sus patios, balcones plenos de flores, resaltando la estética de esta comarca caldense.
Sólo felicitaciones a sus creadores promotores, Ríos Martínez / Vélez ARIAS, distinguidos profesionales con brillantes trayectorias en sus campos de acción, por este valioso aporte intelectual e histórico para esta ciudad orgullo de la nación y de Caldas.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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