Que interesante sería que la administración central como la distrital aterrizaran en los asuntos domésticos, dándole prioridad a la SEGURIDAD CIUDADANA de vital importancia para la convivencia ciudadana.
Imposible desconocer que se viene padeciendo un conflicto desde hace varias décadas donde intervienen fuerzas insurgentes, paramilitarismo que aún subsiste, delincuencia común, narcotráfico, bandas dedicadas a la extorsión direccionadas desde los centros carcelarios, una guerrilla que sigue azotando amplias zonas del territorio nacional, según los medios de prensa de fin de semana, “bandas criminales emergentes tienen en alerta a 82 municipios “, que nos obliga preguntarnos, ¿con quienes se firmaron los cacareados acuerdos de paz de años atrás?, aspectos estos que generan como característica la realidad tanto urbana como rural, donde la seguridad del ciudadano debe considerarse como un derecho fundamental.
La inseguridad ciudadana es una realidad, no una percepción como la califican las autoridades encargadas por constitución de garantizar la vida y honra de quienes habitamos esta nación, requiriéndose un apoyo gubernamental del gobierno nacional a los gobernadores, alcaldes e instituciones de vigilancia que les permita proyectar reales planes de seguridad, adquisición de elementos logísticos, donde la policía nacional debe ejercer un papel fundamental obligada a recuperar la confianza ante la opinión pública debilitada en los último años.
Urge una política de seguridad entendida como una política integral, que se refleje en las calles, avenidas, centros comerciales, zonas hoteleras, seguridad con la que debe contar cualquier persona que habite este territorio, aspectos estos que no se aprecian en los momentos actuales, donde el fleteo, robo a mano armada, asaltos a sitios comerciales se han recrudecido generando temor ciudadano generalizado.
Algo se tendrá que hacer para corregir estos males sociales, primero cumpliendo las promesas de campaña con las que se hicieron elegir, una revisión a fondo del sistema carcelario, una verdadera política de estado en materia criminal, con leyes y normas acordes con la situación social del país, aplicadas en debida forma por jueces que entiendan cuál es su tarea misional, con equidad, razonabilidad, volviendo por la credibilidad del sistema judicial.
Como está el panorama, se podría decir que los únicos que se pueden desplazar sin temor alguno son los altos funcionarios estatales, rodeados de escoltas, carros blindados, agentes motorizados, que sin sonrojo alguno ocupan áreas viales prohibidas, privilegios a cargo de los impuestos que pagamos los ciudadanos de a pie.
ADENDA: Muy activos han estado algunos organismos internacionales con la expedición de comunicados referentes a la elección de la persona que ocupará la fiscalía general de la Nación de Colombia, con una injerencia arrogante en asuntos internos de una nación.
Diferentes reacciones han generado esa indebida intromisión por parte de diversos sectores como de generadores de opinión en estos temas internacionales, como la seria columna del ex canciller Londoño Paredes donde desnuda la operatividad de estos personajes, que bien se podrían definir como el trepanguismo burocrático internacional.
ADENDA DOS: La mala manía de quienes dejan un cargo al emitir opiniones respecto a la actividad administrativa del momento, la ex alcaldesa de Bogotá muy activa en su cuenta de X emitiendo conceptos sobre el acontecer nacional.
Recordarle la invasión al parque nacional por un sector indígena, nada hizo para evitar su segunda toma, la inseguridad en su límite, las basuras en la vuelta de la esquina, la megalomanía en su furor, los gastos ingentes en publicidad para satisfacer su vanidad personal.
Pareciera ser, que en materia de seguridad y la toma del parque nacional esta nueva administración sigue el mismo rumbo.
Exmagistrado J.F.PAZ Q.
