Nuestro sistema político consagra que al vencimiento de un periodo electoral, el pueblo puede escoger libremente a sus voceros que lo representarán en las corporaciones legislativas, como a su gobernante. Dispone la constitución en su artículo 258 «el voto es un derecho y un deber ciudadano,» y como tal debe ser respetado, libre de cualquier coacción, restricción, o constreñimiento, que impida su libre ejercicio.
No es sano ni conveniente para la débil democracia que se tiene direccionar un debate electoral, que aquel que no esté con el gobernante de turno, se le considere un apátrida, un enemigo de la institucionalidad.
De igual manera no es aceptable que algunos dirigentes utilicen su rango y poder burocrático para ejercer una indebida presión al considerar como defensores de la patria a los candidatos que respaldan al jefe de gobierno, descalificando de antemano a quienes ejerciendo un derecho constitucional buscan el favor popular con tesis diferentes a las del establecimiento.
La administración pública debe ser neutral en los certámenes eleccionarios, no significando con ello que los funcionarios públicos les esté prohibido tener unos principios políticos, una adhesión a un partido, dar su opinión ejerciendo el sufragio, faltando a su deber ciudadano si dejaran de hacerlo.
Papel importante para la transparencia electoral la tarea de las veedurías de los partidos, en el riguroso análisis de las hojas de vida de los aspirantes a obtener el apoyo ciudadano, libres de investigaciones de toda índole, personas con amplia trayectorias política y profesional, excluyendo a los paracadistas de último momento.
El país requiere partidos vigorosos, fuertes que aglutinen corrientes de opinión buscando fortalecer la poca democracia que con todos los inconvenientes aún subsiste.
ADENDA UNO: Llama la atención la advertencia que se lanza, en el sentido de generarse un estallido social si el triunfo electoral no acompaña al candidato que representa al decir la izquierda colombiana.
La nota futurista proviene de alguien que hace parte del círculo familiar del inquilino de la casa de Nariño que nos hace pensar que dichos temas se vienen agitando al más alto nivel que debiera ser objeto de un serio análisis por los organismos de inteligencia, e investigar el porqué se habla de una revuelta social a pocos meses de unas elecciones donde el pueblo decidirá libremente si desea un cambio de gobierno, o convalida el que rige.
No tomar deportivamente esa premonición, que viene del entorno presidencial.
ADENDA DOS: LA justicia no ha sido la más beneficiada en el presente cuatrienio presidencial, cambios permanentes, ministros sin ninguna autoridad jurídica para su cabal desempeño, donde la interinidad es la constante en un área fundamental para la paz social, y política del país.
Que mala suerte la de la justica en este agónico periodo.
ADENDA TRES: Lamentable la política exterior del gobierno al eliminar los requisitos para ocupar los cargos en el servicio diplomático, con un manejo ligero e irresponsable por quién tiene la obligación constitucional de dirigir la política exterior, como si se tratara de una tienda de barrio.
¿En que queda la carrera diplomática, si se les desconoce a través de un simple capricho presidencial?
Otra área víctima de la improvisación gubernamental.
Aterrador lo denunciado: la connivencia entre altos funcionarios del gobierno con sectores insurgentes. Silencio de la fiscalia.
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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