Necesario comenzar por reconocer la gravedad que tiene la violencia de toda índole en Colombia. El hecho mismo que no se la reconozca significa que no hay una voluntad política de combatirla.
Desde todos los enfoques que puede presentar el abigarrado panorama político colombiano se reclama fortalecer la democracia, afirmando los derechos humanos.
En el más violento país de Latinoamérica no hay una bandera más popular que la paz, prueba de ello fueron los slogan de los diferentes aspirantes presidenciales en el reciente debate electoral, todos exhortaban los términos democracia y paz, desde la extrema derecha, hasta la extrema izquierda, a sabiendas que no obtendrían el favor popular, si no las promoviera.
Nuestro país ha llegado a una situación en la que resulta inevitable que el próximo gobierno y los partidos políticos se decidan por fin a emprender las reformas económicas y sociales, sin populismo a bordo, y, por su parte, los grupos insurgentes se decidan liquidar sus viejas ilusiones doctrinarias y controlar sus propios extremismos.
Una democracia participativa es el único remedio para los crónicos males que vive el país, que el nuevo gobernante entienda que es el jefe de estado para todo un país, y no para una fracción, o grupo partidista afecto a sus ideas programáticas.
Esperemos que de tanta sangre derramada, de tanto sacrificio inútil, resulte al fin la clara voluntad de luchar por una sociedad justa, y democrática.
ADENDA UNO. Una Procuraduría General de la Nación solo de nombre. Cada día viene perdiendo la confianza ciudadana por su nula actividad en garantizar la imparcialidad de los funcionarios públicos en las campañas políticas, sobre todo en la pasada, donde el jefe de estado, (en forma descarada exhibe públicamente la tarjeta electoral) ministros, (de minas, salud) como algunos de rango menor, intervinieron directa e indirectamente en el proceso electoral, a favor de una aspiración presidencial, con débiles llamados de atención, sin ejercer la autoridad disciplinaria como era su obligación constitucional y legal.
Ojalá ejerza esas funciones en la segunda vuelta electoral, donde el establecimiento pondrá su poder oficial al servicio de esa aspiración presidencial, como lo demostró en el pasado debate.
ADENDA DOS. Mucho ruido, reuniones, ruedas de prensa, boletines, vistosos chalecos amarillos con el símbolo oficial, pero poco de investigaciones breves y sumarias, con sanciones efectivas, imponiendo su potestad como garante de la imparcialidad y del equilibrio que debe darse en un proceso electoral.
ADENDA TRES. En síntesis, le asiste la razón a quienes fustigan la existencia del ente oficial, no solo porque su frondosa nómina burocrática afecta las finanzas estatales, sino por la coexistencia de otras entidades estatales que pueden asumir esas funciones.
Lo que se tiene hoy es una procuraduría excedida de poder, clientelizada, en manos de la clase política, con unas tareas misionales realizadas por otras entidades que duplican esas funciones administrativas disciplinarias.
Recordar la Procuraduria ejercida en su momento por Mario Aramburo, cuando recriminó al presidente Carlos Lleras , por indebida participación en politica, con la aceptación presidencial de su irregular proceder.
Eran otros tienpos y otros funcionarios ejerciendo con rigor las funciones disciplinarias.
Los grandes perdedores de la jornada del 31 de mayo : las firmas encuestadoras.
La gran ganadora: la Registraduría Nacional
¿Desde cuando el inquilino de la casa de Nariño se arroga facultades electorales?
Por: J. Ferney Paz Q – Exmagistrado
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