Nuestro esquema institucional sufre permanentemente los intentos de cambios constitucionales, un sin número de proyectos de ley, decretos con fuerza de ley, modificaciones a los códigos, sin considerar todas aquellas que emanan de un estado de derecho, sistema legal que fue graficado en forma de pirámide por el jurista, político y filósofo austriaco Hans Kelsen para representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras, dividida en tres niveles siendo el fundamental la constitución como la suprema norma de un estado, seguido por el nivel legal, para continuar con el nivel sub legal donde se ubican los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas, los acuerdos y finalmente las sentencias.
Reconocer que nuestros gobernantes, como los legisladores poseen una capacidad prodigiosa para plantear soluciones a todos los males sociales a través de leyes, de decretos, ordenanzas, acuerdos, aunque la solución se quede en el papel la mayoría de ellas sin las apropiaciones presupuestales, importa solo el protagonismo legislativo.
Esta avalancha de normas jurídicas genera caos, confusión normativa, corrupción, sin considerar la indebida intromisión de algunos entes oficiales cuando expiden las famosas circulares internas desconociendo la ley vigente, arrogándose facultades legislativas como si fueran legisladores pro tempore, que conduce a una maraña institucional que lo único que logra es hacerle la vida más difícil al ciudadano.
Ahora bien, se da una total ausencia de sincronía del ordenamiento legal con los tiempos actuales, no siendo raro encontrar normas propias para la época colonial o aquellas que regula la propiedad de las abejas que huyen de sus panales, articulo 696 Código Civil y muchas otras más de este estilo arcaico que rayan en lo absurdo y que aluden al castigo de la vagancia, o aquellas que se contradicen entre sí o dentro del mismo texto, que ordena, a lo mejor, en su artículo 11 lo contrario a lo establecido en el art 8, o la falta de claridad en la redacción, cuando se dice que esa norma anula o deroga las que le sean contrarias, por lo que se pregunta, ¿cuáles?
Pedirle a los legisladores, unos serios en sus tareas misionales, otros no tanto, no solo expedir las leyes, sino también derogar aquellas que no prestan utilidad alguna, en mora de ser excluidas de la estructura jurídica del país.
ADENDA UNO. El vencimiento de términos, como el principio de oportunidad (de impunidad), se ha constituido en los mejores abogados de oficio para los hampones y ladrones de cuello blanco que han atracado al estado.
Así es imposible tener una justicia que conduzca a una paz social que tanto se anhela.
El el desarrollo de los grandes procesos penales, (Sala de instrucción Corte Suprema) el delincuente no le teme al juez, le teme al calendario, es consciente que si dilata, si se aplaza la audiencia, si acude a la tutela, a las recusaciones, y se escuda en la morosidad judicial, con la ayuda jurídica de unos indelicados abogados, el reloj juega para él, saliendo libre, no por ser inocente, sino por vencimiento de términos, libre a través de la trampa.
ADENDA DOS. Ese atracador del erario que le sustrajo treinta, cuarenta mil millones, regresando un 10%, sale en libertad por los atajos jurídicos procesales, y por arte de los medios se convierte en conferencista de la moral pública con exhortaciones de defender la institucionalidad.
En términos coloquiales, esa es nuestra actual justicia penal que nos tiene hastiados, con una pregunta vigente: ¿qué hacer para que el estado colombiano pueda recobrar la moral pública?, entendiéndola como la exigencia de colocar la ÉTICA por encima de los intereses particulares, fortaleciendo la institucionalidad tan vapuleada en los últimos años.
*Ex magistrado
