Se ha constituido en un problema estructural de estado, con unas alarmantes áreas sembradas alcanzando una producción que supera los niveles históricos.
Mientras avanza su explotación, discusiones van y vienen, fallos de tutela respecto a la reanudación de la aspersión, o si se continua con la erradicación manual forzosa.
Tal como ocurre con la guerrilla y otras formas de violencia, el narcotráfico es un tema común a varios países latinoamericanos, hasta el punto que se ha constituido en factor desestabilizador de cualquier democracia, donde juegan diversas causas para su expansión, entre ellos la presencia de mandos complacientes con los traficantes de droga.
Nuestro país ha pagado con creces este fenómeno, un ministro de justicia en funciones asesinado y hoy uno de sus hijos es alto funcionario de estado, otro ex ministro escapó de un grave atentado en Budapest, un Procurador General de la Nación fue abatido por sicarios cerca del aeropuerto José María Córdova, jueces, magistrados, agentes del estado, precandidatos presidenciales, han perdido la vida en la lucha contra esos negociantes del estupefaciente.
Ahora bien, el estado debe reconocer el abandono de ciertas regiones, con una presencia precaria o ninguna, colonos que se han apoderado de ciertos territorios, tumba y quema de bosques, o patrocinados por grupos armados.
Si bien es cierto que este fenómeno se viene consolidando desde la década del 70, hasta llegar a consolidarse hoy como un grave asunto nacional, con fuerte incidencia en la desestabilización social del país, con aumentos de los índices de violencia urbana, reclamando de las autoridades un mayor esfuerzo con políticas coherentes, mayor presencia del estado, apoyando el sector rural como fuente de desarrollo, generadora de divisas y empleo.
Más grave aún es la relación existente entre la delincuencia común con estas organizaciones, sobre todo en la población marginal y en los sectores de más bajos ingresos, que obliga a un trabajo mancomunado de todos los estamentos oficiales responsables del mantenimiento del orden público en las diferentes ciudades del país.
Necio sería desconocer que estas mafias han estado ligadas con la violencia política que tanto daño le vienen haciendo a los procesos electorales.
Se termina esta columna con un interrogante: ¿se habrá preocupado el gobierno en esta nueva etapa en desarrollar políticas de socialización con los campesinos cultivadores de la planta para resaltar la conveniencia de sustituir esos cultivos ilícitos a través de programas oficiales en esa materia, que les garantice a los cientos de miles de familia que devengan sus sustentos de este negocio para obtener otros ingresos iguales o mejores en materia rentable al que desde años realizan?
ADENDA UNO. ¿Será apertura a la democracia o politiquería?
Seguramente esta adenda no caerá bien en ciertos sectores, por cuanto 36 agrupaciones politicas con personería jurídica no pueden considerarse como desarrollo o avance del sistema democrático.
Mostesquieu decía que » la democracia se mide por la claridad de las ideas, no por la cantidad de siglas,» pero al parecer en nuestro medio estamos haciendo todo al revés, creer que entre más logos en el tarjetón, más democracia tenemos.
No son partidos o movimientos serios, son pequeñas empresas electorales, no hay ideología, no hay doctrina, sin bases campesinas, obreras, estudiantiles, solo tienen uno o varios dueños, un logo registrado, una especie de alquiler de la personería jurídica.
La democracia debe entenderse con la existencia de 3 o 4 opciones claras, con ideas distintas, como manejar el estado, la economía, la salud, la educación, el campo.
De la política con altura, pareciera ser, se está llegando a la politiquería o populismo de barrio.
ADENDA DOS. La tauromaquia también es pueblo.
Se radicó en el congreso un proyecto de acto legislativo que busca darle vida legal a la tauromaquia.
Que es discutible? Claro que lo es, como todo arte, genera pasión de un lado y rechazo del otro.
Pero si hablamos de una democracia constitucional, debemos llegar a la conclusión que lo discutible no se prohíbe, se regula, y sobre todo se debe respetar.
Ahora bien, la misma corte constitucional ha sentenciado que la fiesta brava es una expresión cultural y artística arraigada en nuestro pueblo, minoría cultural que tiene derecho a existir y se le proteja.
Si se quiere prohibir la tauromaquia que sea con serios argumentos y con alternativas económicas reales para con esa población que hoy vive de las temporadas taurinas.
Detrás del toro de lidia hay un sector social que deriva su sustento congruo, el taxista que triplica sus carreras, el restaurante aumenta su clientela, el vendedor ambulante hace su feria, la que vende los refrescos, los dueños de parqueaderos, los cuidadores de carros, personal de plaza., es la ECONOMIA POPULAR, que no tiene quién la defienda de los discursos sofisticados de unos animalistas de salón.
Que la clase parlamentaria analice con serenidad y juicio esta iniciativa que solo busca un beneficio social atropellada por un gobierno que en una clara desviación de poder pretendió eliminar sin razón alguna una tradición artística y cultural.
Se trata de respetar a la minoria taurina, como se respeta cualquier otra minoria.
