Un Senador integrante de lo que se denomina pacto histórico ha radicado un proyecto de ley que busca penalizar a quienes “obstaculicen” los procesos de paz en el país, iniciativa por demás discutible que vulnera el LIBRE DISENSO característica de la vida democrática de una nación, por cuanto la pluralidad política es una condición sine qua non de las democracias.
La creación de este nuevo delito impondría penas para quienes “obstruyan, limiten de manera dolosa un proceso de paz”, entre 10 y 15 años y multas hasta 10.000 salarios mínimos.
Olvida el senador que en el campo político es de su esencia el debate público en un tema de tanta connotación para la sociedad como lo es la PAZ, que viene asumir el concepto de POLIARQUÍA, que significa convertir el pluralismo en una democracia donde se debe garantizar la libertad de expresión, el libre disenso, el debate abierto, las críticas a unas políticas de gobierno que pareciera ser se pretende desconocer con este antipático proyecto legislativo que debe recibir entierro de tercera por parte del Congreso.
La libertad de expresión en el campo político debe estar basada en el respeto de las diferentes opiniones que se puedan presentar frente a un tema específico, por cuanto no es conveniente un pensamiento único, de allí la importancia de la heterogeneidad donde se pueda expresar la inconformidad o desacuerdo con los que ejercen el poder central, sin correr el riesgo de ser censurado, cuestionado, o penalizado como lo propone el proyecto de ley.
La crítica como la oposición a un determinado tema de gobierno realizada con sólidos argumentos, no puede ser vista como un atentado a las políticas oficiales, al contrario se debe valorar esas opiniones en beneficio de la democracia.
Esa idea parlamentaria de sancionar a quienes “Obstruyen, restringen, o limiten de manera dolosa un proceso de paz, “nos recuerda el antecedente histórico con la promulgación de la famosa “ley de los Caballos“, ley 61 de 1888, la que fue utilizada para cercenar a la oposición de la época bajo la dirección de Núñez y solidificada en el gobierno de Miguel Antonio Caro.
Al senador en cuestión decirle, que ese no es el camino si se pretende obtener la deseada paz para los colombianos, por cuanto los desacuerdos de pensamientos garantizan nuevas y diferentes ideas.
ADENDA. Con la pretendida creación del Área metropolitana del sur de Caldas, integrada por Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira, se busca coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman, racionalizar la prestación de los servicios públicos, ejecutar obras de infraestructuras viales, desarrollar proyectos de interés social, figura administrativa que puede contribuir efectivamente la adecuada planeación del desarrollo urbano integral entre los municipios que la integran.
El régimen de las áreas metropolitanas está consagrado en la ley 1625 de 2013, definiéndolas como entidades administrativas de derecho público, conformadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados no solo por relaciones de orden físico, económico y social, sino también por dinámicas e interrelaciones territoriales.
Ojalá así lo entiendan los habitantes de esa importante región de Caldas, y de crearse, se maneje con sentido técnico en beneficio del desarrollo armónico de la región con un SI a su creación.
ADENDA DOS. Lo sucedido en el metropolitano de Barranquilla le sirva de reflexión al gobierno del cambio para medir sin apasionamientos si la protesta era contra la menor asistente o contra las políticas gubernamentales en materia económica, de orden público, de seguridad ciudadana, el enfoque de la paz, en buen romance desfogue de un descontento ciudadano. Otra interpretación es paisaje.
A propósito que ¿solución se le va a dar a la toma del parque nacional por parte de un grupo de población indígena? ¿El porqué el silencio de esta lánguida administración que expira?
ADENDA TRES. Mal hace el presidente en cuestionar un fallo constitucional cuando debiera ejercer un mayor control a sus asesores recordándoles que Colombia es un estado de derecho con marcos jurídicos claros que deben ser respetados y acatados para bien de la seguridad jurídica del país.
J.F.Paz Quintero Exmagistrado
